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Venezuela, Estados Unidos y la Corte Penal Internacional

EL REGIONAL

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  Ante la crisis política y económica que ha surgido en Venezuela, hay voces que han propuesto que se lleve el caso ante la Corte Internacional de Justicia.

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    De hecho, durante esta semana en la que un grupo de países ha tratado de penetrar en territorio nacional de Venezuela, sin el permiso del poder ejecutivo pero a invitación de la oposición encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, ese sector y los medios opositores, se ha insistido en que impedir la entrada de suministros es un delito internacional de lesa humanidad, que debe ser investigado por la Corte Penal Internacional.

    Existe, dentro del marco del Derecho Internacional Público la Corte Internacional de Justicia. Esa corte, que tiene su sede en La Haya, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Fue establecida en la Carta de las Naciones Unidas en junio de 1945 y comenzó sus actividades en abril de 1946.

    Los documentos básicos por los que se rige la Corte son la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte, que es un anexo de la Carta. Los complementan el Reglamento de la Corte y las Directrices sobre la Práctica, así como la resolución relativa a la práctica judicial interna de la Corte.

    La Corte Internacional de Justicia es el único tribunal internacional de carácter universal con competencia general. Esta competencia es doble. Es una competencia en materia contenciosa, en primer lugar, conoce de las controversias que le presentan libremente los Estados en ejercicio de su soberanía.

Al 31 de julio de 2018, 193 Estados eran partes en el Estatuto de la Corte y, por lo tanto, podían recurrir a ella. El Estado de Palestina, por su parte, depositó el 4 de julio de 2018 en la Secretaría de la Corte la siguiente declaración:

“Por la presente, el Estado de Palestina declara que acepta con efecto inmediato la competencia de la Corte Internacional de Justicia respecto de todas las controversias surgidas o que puedan surgir comprendidas en el artículo I del Protocolo Facultativo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas sobre la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias (1961), al que el Estado de Palestina se adhirió el 22 de marzo de 2018”.

     De los Estados partes en el Estatuto, hasta la fecha 73 han formulado declaraciones reconociendo la jurisdicción obligatoria de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36, párrafos 2 y 5, del Estatuto (en algunos casos con reservas), a saber: Alemania, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Botswana, Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, Chipre, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Egipto, Eslovaquia, España, Estonia, Eswatini, Finlandia, Gambia, Georgia, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Filipinas, Haití, Honduras, Hungría, Islas Marshall, India, Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malta, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Democrática del Congo, República Dominicana, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Senegal, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Timor-Leste, Togo, Uganda y Uruguay.

     En más de 300 tratados o convenciones bilaterales o multilaterales se establece que la Corte tiene competencia ratione materiae para resolver diversos tipos de controversias entre Estados. Se puede consultar también una lista indicativa de esos tratados y convenciones en el sitio web de la Corte, en la sección “Compétence” (en francés)/“Jurisdiction” (en inglés). La competencia de la Corte también puede  compromiso celebrado entre los Estados en cuestión. Por último, al someter una controversia a la Corte, un Estado puede proponer que la competencia de la Corte se funde en el consentimiento todavía no dado o manifestado por el Estado contra el que se presenta la demanda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 5, del Reglamento de la Corte. Si este último Estado da su consentimiento, la competencia de la Corte queda establecida y la nueva causa se inscribe en el registro general de causas con la fecha del consentimiento (situación que se conoce como fórum prorogatum).

     Competencia en materia consultiva. La Corte también puede emitir opiniones consultivas. Además de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, que están facultados para solicitar a la Corte opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica (Artículo 96, párrafo 1, de la Carta), otros tres órganos de la Organización (el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Comisión Interina de la Asamblea), así como los organismos indicados a continuación, están facultados también para solicitar a la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades.

     También existe la Corte Penal Internacional (CPI), establecida en 2002. La Corte Penal Internacional (CPI) es un órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

De hecho, en septiembre de 20198, “Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro”, según informó la agencia de noticias BBC. Maduro, por su parte ha denunciado una conspiración internacional en contra de su gobierno.

El periódico The New York Times, ha subrayado que “desde el establecimiento de la CPI, en 2002, nunca un Estado había pedido la intervención del tribunal internacional en otro país”.

     De hecho, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció que recibió  la remisión de un grupo de seis estados sobre la situación en Venezuela, el 27 de septiembre de 2018.

Bensouda explicó que el 8 de febrero de 2018, luego de una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de una serie de comunicaciones e informes que documentaban presuntos delitos que podrían estar dentro de la jurisdicción de la CPI, “decidí iniciar un examen preliminar de la situación en Venezuela para analizar los delitos presuntamente cometidos en este estado desde al menos en abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados. Desde entonces, mi Oficina ha estado evaluando la información disponible para llegar a una determinación totalmente informada de si existe una base razonable para proceder con una investigación. Este examen preliminar seguirá su curso normal, guiado estrictamente por los requisitos del Estatuto de Roma”. Hasta esta semana no se había ofrecido más información sobre este caso.

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