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Un año regular en el Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL REGIONAL
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Los nueves jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico han tenido un año regular, con 42 opiniones emitidas, 81 casos de disciplina por faltas a la conducta profesional de los abogados y 127 reinstalaciones de abogados que fallaron a la ética de la profesión.
De las opiniones emitidas destacan las de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil, Ley de Municipios Autónomos, y Derecho Administrativo fueron las de mayor peso durante 2019.
El caso de Derecho Constitucional más importante fue el de la declaración de inconstitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria. (Rodríguez Casillas v. Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, del 8 mayo 2019).
En el caso de Derecho Procesal Civil, el TSPR, decidió el archivo administrativo por la paralización automática bajo la Ley Promesa, no es el dictamen que pone fin al litigio. El recurso de certiorari es el mecanismo procesal para revisar el archivo administrativo de un caso como consecuencia de la paralización automática bajo la Ley Promesa.
Mientras tanto, en el campo del Derecho Procesal Civil, decidió que la Regla 42.2 de Procedimiento Civil releva a los tribunales de consignar sus determinaciones de hechos, cuando el pleito en su totalidad es resuelto mediante un dictamen sumario. Lo dispuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil solo es exigible cuando se deniega total o parcialmente una moción de sentencia sumaria.
Por otro lado, en materia de la ley de Municipios Autónomos, los contratos otorgados para el manejo de desperdicios, previo a la enmienda que la Ley Núm. 14-2016 hiciera a la Ley de Municipios Autónomos, no requieren la aprobación de la Legislatura Municipal, en el caso Consolidated Waste Services, Corp. v. Gobierno Municipal de Gurabo.
Sobre el Derecho Apelativo, el TSPR, determinó que la Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones permite notificar al foro primario la presentación de un recurso de certiorari por correo ordinario. La fecha del depósito se considerará como la de su entrega en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.
El TSPR opinó que en materia de Derecho Administrativo, la Sección 2.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme no requiere, para la impugnación de un reglamento de su faz, que los peticionarios prueben los criterios de legitimación activa.
Una resolución que tuvo resonancia en los medios fue el caso del abogado y comentarista Carlos E. Díaz Olivo, quien no fue suspendido aunque si amonestado por expresiones en contra del sistema judicial por una experiencia individual en el Tribunal Superior de Bayamón.
En cuanto al Derecho de Familia, el TSPR decidió en el caso CC-2017-882, Rivera Marrero v. Santiago Martínez, de Impugnación de paternidad, el l haber omitido en el epígrafe el nombre del menor, no priva de jurisdicción al tribunal, si de las alegaciones de la demanda se desprende que el menor es parte en el pleito y este fue emplazado correctamente.
Otro caso que resolvió el TSPR fue el 2019TSPR191, Molina González v. Álvarez Gerena, de Derecho reales para determinar a partir de qué momento el comunero/heredero que ostenta el uso y disfrute exclusivo del bien común, debe compensar a otro comunero/heredero que alega haber sido privado de su derecho propietario.
En el campo del Derecho Constitucional, el TSPR determinó la legitimación activa de un legislador en su carácter individual bajo la doctrina de vote nullification. Otro caso de Derecho de Familia fue el de CC-2019-122 Umpierre Matos v. Juelle Abello, que determinó las figuras del desacato civil y el encarcelamiento como medidas coercitivas para asegurar el pago de pensiones alimentarias a favor de menores de edad.
Un caso de mucho peso fue el de Daños y Perjuicios de Ana Cacho González, et al. v. Antulio “Kobbo” Santarrosa, que determinó que los casos de difamación se analizan bajo la doctrina de daños sucesivos y el término prescriptivo debe calcularse de manera individual para cada uno de los alegados actos difamatorios. Una carta cumple con los requisitos de una reclamación extrajudicial para interrumpir el término prescriptivo, aunque no incluya las fechas específicas de las publicaciones difamatorias.
En otro caso, el TSPR, determinó que en el Derecho Procesal Civil, la falta de notificación de un recurso de apelación, a una parte a la cual el Tribunal de Primera Instancia le anotó la rebeldía, priva de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones para poder atender el recurso. (González Pagán v. Moret Guevara).
UN caso en el campo laboral fue el 2019TSPR133, de Procedimiento sumario laboral, que determinó que la prohibición contra reconvenciones dentro del proceso sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 no prohíbe que un patrono reclame derechos contra el empleado querellante por vía de un pleito independiente. (CC-2018-91, Bacardí Corporation v. Torres Arroyo).
Otros casos que decidió el TSPR, fue el de Derechos Reales, donde la figura del retracto de crédito litigioso contemplado en el Art. 1425 del Código Civil no aplica a una cesión de un pagaré hipotecario otorgado en virtud de la Ley de Transacciones Comerciales. (DLJ Mortgage Capital, Inc. v. Santiago Martínez).
Mientras tanto, en el apartado de Propiedad Horizontal, el TSPR determinó que una compañía que se dedica a la compra de créditos hipotecarios se considera un adquiriente voluntario para fines de la protección del Art. 41 de la Ley de Condominios y de la prelación del acreedor hipotecario del Art. 40(c) de la Ley de Condominios.
Un caso de Derecho Laboral, determinó que los enfermeros graduados de un programa de grado asociado se clasifican como ¨profesionales¨, exentos de pago de horas extras. (Unión General de Trabajadores (UGT) v. Centro Médico del Turabo, Inc. h/n/c Hima San Pablo Caguas).
En el campo del Derecho Administrativo, el TSPR determinó que el término para emitir una resolución sobre revocación del privilegio de libertad bajo palabra es directo. El auto de habeas corpus no es el recurso adecuado para compeler a la Junta de Liberta Bajo Palabra a actuar si transcurrió el término para emitir una determinación final sobre revocación de probatoria.
Otro caso de Seguros que resolvió el TSPR, fue es el de los códigos de Seguros. Estos no reglamentan los planes de servicios legales grupales y prepagados. Derecho Constitucional: El derecho a asociarse para procurar representación legal es una de las libertades fundamentales protegidas por la cláusula del debido proceso de ley aplicable a nuestra jurisdicción ex proprio vigore (CC-2017-423 Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc).
En Derecho Administrativo se resolvió la facultad de DACo para conceder un remedio a favor de una parte querellada que no es un consumidor. Reclamaciones cubiertas bajo la fianza de concesionarios de vehículos de motor.
En el campo del Derecho Procesal Pena, se decidió que el Ministerio Público está impedido de anunciar como testigo un perito después de manifestar que no lo utilizaría, y tras la defensa anunciarlo como su testigo.

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