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Supremo revoca al Apelativo en caso de desahucio de cooperativa

EL REGIONAL

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   En una sentencia redactada por el juez asociado Luis Estrella Martínez, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, resolvió que el desalojo de un socio o socia de una cooperativa de vivienda se debe hacer conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas,  no de la Ley de Desahucio de Puerto Rico.

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Se trata del caso de la socia Doris M. Colón Lebrón contra la Cooperativa Vivienda Rolling Hills, que surgió en 2016.

   El dilema se dio en torno al procedimiento de expulsión de un socio o socia de una cooperativa de vivienda se debe determinar si el mismo se rige por las normas de desalojo dispuestas en la Ley General de Sociedades Cooperativas, o por el procedimiento de desahucio sumario provisto en la Ley de Desahucio, infra.

   Por las razones que expondremos a continuación, resolvemos que el desalojo de un socio o socia de una cooperativa de vivienda se debe hacer conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas.

   En julio de 1995, Doris Colón Lebrón contrató con la Cooperativa de Vivienda Rolling Hills para ocupar una unidad de un edificio, convirtiéndose en socia de la Cooperativa.

    Tras más de veinte años como socia y residente en la Cooperativa, durante el año 2016, Colón Lebrón comenzó a pagar parcial o tardíamente algunos de los pagos mensuales acordados.

    Ante ello, la Cooperativa citó a Colón Lebrón a una vista. La peticionaria no acudió a la misma, por lo que se celebró en su ausencia. Luego de la vista, la recurrida emitió una resolución en la que notificó que decidió separar a la señora Colón Lebrón de su condición de socia. Por tal razón, le otorgó a la peticionaria un término de treinta días para desalojar la unidad de vivienda. De lo contrario, indicó que acudiría al Tribunal de Primera Instancia para solicitar el cumplimiento de ello. La Cooperativa fundamentó sus determinaciones y conclusiones de derecho en la Ley General de Sociedades Cooperativas.

    Tan solo dos días después, la Cooperativa envió una comunicación escrita a Colón Lebrón indicándole que “[n]os preocupa su condición de socia en la Cooperativa, ya que está de baja y a los treinta (30) días se procede a solicitar la orden de desalojo en el Tribunal de Primera Instancia”. En dicha comunicación, la Cooperativa citó a la peticionaria a una reunión “para discutir el asunto”.

   Colón Lebrón acudió a la reunión y las partes llegaron a una serie de acuerdos, los cuales la Cooperativa documentó en una carta.

   Así, pues, las partes acordaron un plan de pago para que la peticionaria subsanara la deuda. Contrario a lo determinado inicialmente por la Cooperativa, la peticionaria ya no estaba obligada a desalojar la unidad.

   Transcurridos varios meses, Colón Lebrón no cumplió a cabalidad con el plan de pago y se atrasó en una serie de pagos mensuales. Debido a lo anterior, la Cooperativa acudió al Tribunal de Primera Instancia y presentó una demanda de desahucio por falta de pago contra la peticionaria, conforme a la Ley de Desahucio,

    El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista, a la que  la Cooperativa compareció con representación legal y Colón Lebrón por derecho propio. Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia en la que declaró ha lugar la demanda de desahucio y cobro de dinero contra la peticionaria. Dicho foro sostuvo su determinación conforme al procedimiento de desahucio sumario dispuesto en la Ley de Desahucio.

   Durante los próximos días, la señora Colón Lebrón compareció al foro inferior con representación legal y presentó una serie de mociones. En las mismas arguyó, entre varios asuntos, que el Tribunal de Primera  Instancia no tenía jurisdicción sobre la materia.      

     La peticionaria alegó que los procesos administrativos llevados a cabo por la Cooperativa fueron nulos, por entender que tanto la citación a la vista, así como la Resolución emitida por la Cooperativa, no fueron notificadas conforme a lo dispuesto en la ley.     

    De igual forma, razonó que su procedimiento de desalojo como socia de la Cooperativa se debía realizar conforme la Ley General de Sociedades Cooperativas. En consecuencia, señaló que el dictamen emitido en virtud de la Ley de Desahucio, era nulo. El foro primario declaró no ha lugar a todas las mociones presentadas.

    La Cooperativa alegó que e lTribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para atender el reclamo de Colón Lebrón,  pues la Ley de Desahucio,  imponía un término de cinco (5) días para presentar el recurso de apelación y para  pagar la fianza fijada. Al recurrir al foro apelativo intermedio tardíamente y sin realizar el pago de la correspondiente fianza, la Cooperativa adujo que procedía la desestimación del recurso.

    Ponderados los argumentos de las partes, el foro apelativo intermedio desestimó el recurso ante su consideración. Ello, pues concluyó que la Ley de Desahucio, infra, era de aplicación a la controversia.

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