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Supremo revoca al Apelativo en caso de Derecho Administrativo

EL REGIONAL

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   El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó al Tribunal de Apelaciones en un caso de Derecho Administrativo, sobre la Doctrina de los esfuerzos adicionales razonables ante la notificación a la parte afectada por una determinación gubernamental adversa.

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   Se trata del caso de Rubén Román Ortiz contra la Oficina de Gerencia de Permisos, que fue examinado por el Panel VIII de la Región Judicial de Bayamón-Carolina, del Tribunal de Apelaciones.

   El tribunal examinó si una notificación de una determinación administrativa devuelta por el correo por no encontrarse un buzón donde depositarla (no mail receptacle) constituye una notificación adecuada. Específicamente, en casos en que la agencia remitente, aun enterada de la situación y con alternativas remediales a su alcance, no realiza ningún esfuerzo adicional para re-notificar la misma.

La trayectoria del caso tuvo su génesis en septiembre de 2015, cuando Román Ortiz representado por el agrimensor William Torres (agrimensor Torres), presentó una querella contra Myrna Rivera Laboy ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

   Alegó que la señora Rivera Laboy llevaba a cabo una ampliación de su propiedad residencial en la Urbanización Las Colinas en el municipio de Toa Baja. Según Román Ortiz, la obra en cuestión, la cual colindaba con dos de sus propiedades, contravenía el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terreno de la Junta de Planificación.

Por otro lado, Rivera Laboy instó, por conducto del ingeniero Ángel D. Rodríguez un pleito independiente sobre consulta de construcción ante la OGPe. Ello, con el propósito de legalizar la ampliación que realizó en su propiedad. En desacuerdo, Román Ortiz solicitó intervenir por derecho propio en el pleito de consulta. El 6 de julio de 2016, la OGPe autorizó la intervención mediante una resolución que envió a Román Ortiz.

   El 13 de julio de 2016, la OGPe notificó una Resolución aprobando la solicitud de consulta de Rivera Laboy. Nuevamente, la agencia envió el dictamen por correo regular a la dirección de Román Ortiz. No obstante, cuatro días luego, el servicio postal devolvió la correspondencia a la OGPe con la anotación siguiente: “Return to Sender. No Mail Receptacle. Unable to Forward”. Surge del expediente que la OGPe conservó el sobre devuelto, pero no realizó ninguna otra gestión para re-notificar al señor Román Ortiz.

Amparada en la Resolución del 13 de julio de 2016 –cuya existencia Román Ortiz aún desconocía- Rivera Laboy solicitó a la OGPe el correspondiente permiso de construcción. Éste se expidió el 25 de agosto de 2016 y tampoco le fue notificado a Román Ortiz.

El 28 de noviembre de 2016, Román Ortiz presentó una solicitud de reconsideración ante la División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe (División de Reconsideración) y planteó que nunca se le notificó la Resolución autorizando la consulta de construcción, a pesar de ser parte en dicho procedimiento. De ese modo, solicitó se dejara sin efecto el dictamen y se devolviera el caso para que se renotificara conforme a derecho.

   Luego de celebrar una vista a los efectos, la División de Reconsideración se declaró sin jurisdicción para atender la solicitud de Román Ortiz. Concluyó que la Resolución en cuestión le fue notificada a RománOrtiz conforme a derecho el 13 de julio de 2016, de modo que solicitó reconsideración tardíamente. La División de Reconsideración basó su conclusión en el hecho de que la OGPe notificó el dictamen en cuestión a la dirección en récord provista por el propio señor Román Ortiz y de conformidad con los mecanismos autorizados por ley.

   Además, la División de Reconsideración razonó que, en la alternativa, Román Ortiz fue debidamente notificado del dictamen a través del agrimensor Torres. Según la División de Reconsideración, éste último era el agente autorizado de Román Ortiz en el pleito de consulta de construcción y también recibió la notificación.

   Finalmente, la División de Reconsideración arguyó que Román Ortiz también conoció -o pudo conocer- el desenlace del pleito sobre consulta de construcción, pues Rivera Laboy instaló un rótulo frente a su propiedad que indicaba el número de permiso de construcción.

   Inconforme, el peticionario presentó un recurso de revisión judicial de la determinación administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Señaló que la OGPe no le notificó el dictamen conforme a derecho, pues a pesar de conocer las razones por las que el correo devolvió la notificación, nada intentó hacer la agencia para renotificarle. En la alternativa, planteó que la agencia no procuró los medios de envío autorizados por ley, pues cursó la notificación por correo regular y no por correo certificado. No obstante, el foro apelativo intermedio suscribió el razonamiento de la División de Reconsideración y confirmó la determinación recurrida.

   En desacuerdo, Román Ortiz presentó una petición de certiorari ante este Foro mediante la cual reafirmó sus planteamientos sobre notificación defectuosa. El TSPR revocó la determinación del panel argumentando que  la inercia de la OGPe tras conocer sobre la notificación devuelta fue de tal magnitud que ni siquiera tenemos la ocasión de examinar la razonabilidad de sus esfuerzos adicionales, pues, desafortunadamente, ninguno hizo.

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