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Senado verá medidas que se colgaron en 2018

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

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  De 2,197 medidas presentadas en el 2018 solo 258 se convirtieron en ley, por lo que durante este año muchos legisladores relanzarán la legislación pendiente.

   Unas 36 recibieron el veto de Bolsillo de parta de La Fortaleza, mientras que en 253 se retiró el informe presentado a la legislatura, mientras solo 7 fueron consideradas por la Comisión de Asuntos Municipales, cinco por la Comisión de Asuntos de la Mujer, al tiempo que 154 fueron retiradas por su autor.

   Entre estas, se encuentran ocho medidas retiradas por el senador Carlos Rodríguez Mateo, quienes esperan reavivar otros proyectos en 2019.

   Uno de estos, relacionado con la expropiación forzosa será estudiado durante la presente sesión ordinaria.

   “Me interesó el tema, que es una ley de 1903 porque tiene que atemperarse a unas realidades, y escuché a unas comunidades donde se levantaban acusaciones de abusos y queremos atemperar la ley a nuestros tiempos”, explicó el senador Rodríguez Mateo.

Para enmendar las Secciones 1, 2, 3a, 4, 5a, 5aa y una no enumerada de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como la “Ley de Expropiación Forzosas”, a los fines de aclarar la determinación de uso y/o utilidad pública; inicio del procedimiento; el rol de la comunidad afectada; la acción de declaratoria de adquisición; la permutación de otra propiedad equivalente para los propietarios-residentes afectados; para crear una acción a favor de la persona perjudicada en caso de incumplimiento con las disposiciones de la Ley; y para otros fines. 

   El proyecto es respaldado por la senadora de mayoría Zoé Laboy Alvarado, el senador independiente José Antonio Vargas Vidot, y el senador del partido Independentista Puertorriqueño, Juan M. Dalmau Ramírez.

   La Ley de Expropiación Forzosa, aprobada el 12 de marzo de 1903, según enmendada, establece cómo y cuándo el gobierno puede apropiarse de una propiedad privada en Puerto Rico.

   Sin embargo, según expone el Institute for Justice, la ley en Puerto Rico no toma en consideración el derecho de los dueños de hogares y los propietarios de pequeñas empresas de conservar lo suyo, y de proteger a sus comunidades bien establecidas y empoderadas. Por tal razón, a la luz de los huracanes Irma y María, el Gobierno de Puerto Rico debe promulgar reformas que protejan a los propietarios y sus comunidades. De tal manera, se promulga una legislación cónsona con cuarenta y cuatro (44) legislaturas estatales, las cuales aprobaron estatutos con el fin de limitar el uso del dominio eminente, o expropiación forzosa como se le refiere en Puerto Rico, para el desarrollo privado, indicó el legislador.

   Por tal razón, a la luz de los huracanes Irma y María, el Gobierno de Puerto Rico debe promulgar reformas que protejan a los propietarios y sus comunidades. De tal manera, se promulga una legislación cónsona con cuarenta y cuatro (44) legislaturas estatales, las cuales aprobaron estatutos con el fin de limitar el uso del dominio eminente, o expropiación forzosa como se le refiere en Puerto Rico, para el desarrollo privado.

   Recientemente, en el caso de la Administración de Terrenos de Puerto Rico v. la Corporación Pesquera Henares, el  Tribunal Supremo de Puerto Rico, revocó al Tribunal de Apelaciones en una opinión emitida por la juez asociada Anabelle Rodríguez.

    Al amparo del estado de Derecho previamente discutido, la ausencia de contigüidad entre los referidos predios no es óbice para que la Corporación pueda incoar una acción de daños por desmembración. Como se explicó, el criterio de unidad física no es indispensable cuando la parte con interés logra probar que entre el sujeto expropiado y el predio remanente –aun no siendo contiguos– poseen una relación de interdependencia por su uso. De esta manera, la unidad de uso es un criterio alternativo mediante el cual se puede identificar la finca íntegra; cimiento para que proceda una reclamación de daños por desmembración tras una expropiación parcial.

   La jueza examinó qué elementos son necesarios para catalogar varios predios o parcelas como una sola finca íntegra en el contexto de una reclamación de daños por desmembración como consecuencia de un procedimiento de expropiación forzosa. El tribunal realizó un análisis del requisito de unidad física o contigüidad.

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