Columnas

Recaudos internos y emisión de deuda: Discapacidad fiscal y deuda en Puerto Rico 1900-2019

Por Luis Rey Quiñones Soto, Economista
Especial para El Regional

A la fuerza que ejerció Estados Unidos en 1898 ––cambio de soberanía para unos, invasión para otros–– debe agregarse la disposición y colaboración de buena parte de dos sectores: el ilustrado que domina la escena política de fin de siglo y la apuesta decidida y entusiasta del sector económico del empresariado interno, boricua y de otras nacionalidades, vinculado al mercado estadounidense. El cuadro de una democracia representativa, frente a la España monárquica, es un elemento ideológico fuerte que convoca a estos dos sectores en favor del discurso de cambio soberanía.
Ese empalme entre intereses económicos y políticos internos con la sociedad política y económica estadounidense es el fundamento para el desarrollo colaborativo de esos sectores en la administración de lo que el andamiaje jurídico estadounidense definirá como territorio no incorporado. Como parte de esa estructura de legitimación, el Congreso estadounidense impuso, con las leyes Foraker y Jones, un fisco financiado por el bolsillo de los residentes del territorio colonial.
La Ley Foraker fue explícita y contundente: Todos los gastos que originare el Gobierno de Puerto Rico por salarios de funcionarios y atenciones de sus oficinas y departamentos de la isla […] serán satisfechos por el Tesoro de Puerto Rico (Sec. 12) […] los sueldos de todos los funcionarios de Puerto Rico y […] todos los gastos de oficina, serán pagados con las rentas de Puerto Rico (Sec. 36). La empresa estadounidense que importa para producir en Puerto Rico para el mercado continental está exenta: no se impondrán ni cobrarán derechos a las exportaciones (Sec. 38). La exención exportadora incluye a la ganancia, por lo que la reinversión en la economía del territorio colonial es raquítica. Por ello es necesario emitir deuda pública para atenuar la discapacidad del erario territorial.
Con Foraker y Jones, el Tesoro estadounidense es protegido: el colonizador hace pagar al colonizado el coloniaje.
La legislación congresional obliga a los residentes a pagar administración del territorio, servicios sociales, incluidos servicios públicos e infraestructuras que utilizan las empresas estadounidenses y el aparato militar en Puerto Rico.
Además, ambas leyes ponen sobre los residentes la responsabilidad de sufragar la deuda pública orientada a generar las infraestructuras de base económica sobre las que opera la inversión directa del americano en Puerto Rico.
Y, ante las incapacidades del fisco colonial, el Congreso impondrá enmiendas para ampliar base y tasa tributaria porque el bolsillo y la matriz económica interna nunca han sido suficientes para financiar la imposición fiscal, agravada por exenciones y subsidios que la inversión del americano exige al territorio colonial.
En 1921 (Ley 301) el Congreso enmendó la Ley Jones (Art. 3) para elevar de 7 a 10 por ciento el margen prestatario. En 1927 (Ley 797) alzó a 10 por ciento el límite prestatario de Ponce y San Juan; en 1937, incluye Mayagüez. Entre 1926 y 1927, el Congreso autorizó uso de dinero y venta de solares del pueblo de Puerto Rico para la construcción de un edificio federal de aduana y para construir cuarteles en la reserva militar. El Congreso (Ley 25 junio 1938) amplía la base impositiva al extender a las corporaciones públicas el poder de emitir deuda.
En todos estos cambios, el sector intermediario político y un sector del empresariado interno han sido cómplices interesados; intermediarios beneficiados del coloniaje. Ahora junto a la Junta se alinean en busca de mantener sus privilegios.
En 1898 Puerto Rico como colonia no tenía deuda porque España transfiere el problema a los recursos que extrajo del hemisferio americano. En 2019, una deuda mayor a los $72 mil millones, que desfalcó $48 mil millones de los retiros de los asalariados, pretende cobrarse a pesar de ser incobrable.
Frente a este nuevo escenario: ¿Qué buscan? ¿Quiénes son sus nuevos patrocinadores?

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