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PROMESA y los Casos Insulares

EL REGIONAL

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   La licenciada Jessica E Méndez Colberg , compareció ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS), para defender la exposición de la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), en contra de la Ley Promesa. La abogada introdujo el tema de los Casos Insulares en la discusión de la Ley PROMESA.

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    Los Casos Insulares son un conjunto de decisiones que tomó el TSEUA para convalidar la opinión de que Puerto Rico pertenece pero no forma parte de Estados Unidos, bajo la premisa de la inferioridad racial de sus ciudadanos.

   El siguiente es un estracto del intercambio que sostuvo con los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en especial el juez presidente John Roberts, y los jueces asociados Stephen Breyer y Brett Kavanaugh.

   JESSICA MÉNDEZ: Me gustaría abordar la cuestión de los Casos Insulares, el remedio y también algunas de las preguntas: las preguntas de la Corte.

   Si nos paramos frente a este edificio, veremos las palabras “igualdad de justicia bajo la ley”. Los casos insulares estiran ese principio hasta su punto de ruptura. La doctrina judicial de la incorporación territorial significa que cuando mi cliente, e incluso yo mismo, regresemos a Puerto Rico, tendremos un conjunto menor de Derechos Constitucionales que los que tenemos aquí hoy.

Por otro lado, el Primer Circuito decidió que mis clientes sufrieron una lesión constitucional, pero aun así se quedaron sin remedio. Igual justicia según la ley debería significar lo mismo aquí en DC que en Puerto Rico.  Debería rechazar ideas basadas en la clase: debería rechazar clasificaciones basadas en ideas de razas alienígenas y personas salvajes. 

También debería significar que cuando hay un daño constitucional, la justicia requiere un remedio. Ahora, en este caso, el Primer Circuito declaró correctamente que los casos insulares se ciernen como una nube oscura sobre este asunto. Y es cierto, porque las partes opuestas han estado confiando en los casos insulares desde el comienzo del procedimiento para establecer que incluso las disposiciones estructurales de la Constitución no se aplican al pueblo de Puerto Rico porque:

   JUEZ BREYER: Creo que aquí

   JUEZ PRESIDENTE ROBERTS: Comprendo.

    JUEZ BREYER: – Todo el mundo Lo estaba – todos estaban de acuerdo en que el Artículo I – Artículo II se aplica. Entonces, ya sea que tenga Casos Insulares o no, y estoy de acuerdo en que son una nube oscura, pero no importa aquí porque se aplica la disposición de la Constitución.

   Y pensé que lo que era más, que he estado tratando de resolver, y es posible que hayas investigado esto, ¿qué pasa con la Ley de Relaciones Federales? Verá, si, de hecho, usted pudo haber pensado en esto. Pero sí otorga estos poderes para negociar, y el acuerdo es la legislatura de Puerto Rico y el gobernador lo hace. Pero había una reserva.

   Había una reserva para el endeudamiento. Y esa reserva fue finalmente derogada en el 1961. Y cuando fue derogada, la legislatura aprobó una – aprobaron una enmienda constitucional en Puerto Rico prometiendo que pagarían a los acreedores y que tenían algunas prioridades y demás.

   ¿Ahora es eso relevante? He comenzado a pensar que el Estado Libre Asociado, está más servida si consideramos que es una ley local que una ley federal, porque si es una ley federal, realmente es difícil conciliar, pero no es tan difícil si es una ley local. ¿Ha pensado en eso? Si no lo ha pensado, olvídelo. (Risas)

JUEZ BREYER: Solo estoy, estoy, estoy, estoy, tengo un problema difícil en mi mente al respecto. Y si lo has pensado, te agradecería lo que piensas.

MENDEZ-COLBERG: Bueno, señoría, nos olvidaríamos de eso, pero el problema aquí es que, en realidad, lo que hizo el Congreso fue, sí, decir que esto, que estos son funcionarios territoriales, pero en realidad le dio esto: el poderes de la junta de supervisión que no son necesariamente qué poder, lo que se considera que son los poderes de un funcionario territorial.

   Ellos: la junta de supervisión tienen la autoridad y, como mencionó el Sr. Olson, tiene la autoridad para presentar este procedimiento de bancarrota, que es un poder federal, en nombre del Gobierno.

   Pero también vemos que tienen la autoridad para menoscabar los contratos, que es algo que no se mencionó antes, menoscabar los contratos incluso fuera del alcance del procedimiento de quiebra, que se encuentra en el Título II – II de PROMESA.S   i la Junta entiende que un contrato puede, que el gobierno, por el gobierno de Puerto Rico con otras partes es incompatible con las disposiciones de PROMESA, puede, puede, incluso puede evitar la ejecución de esos contratos.

   Por lo tanto, ese es un poder muy significativo entre los otros poderes que tiene la Junta de Supervisión que ni siquiera tiene el gobierno local de Puerto Rico.

   Ahora, sí quiero hacer hincapié en el tema de los Casos Insulares, porque es importante para la gente de Puerto Rico y para mis clientes. Esta es una doctrina que ha sido, bueno, 118 años, que ha sido una buena ley.

Y aquí quiero enfatizar que es así: se trata de anular los casos insulares, y la Doctrina de la Incorporación Territorial, es una cuestión constitucional y legal, pero también una cuestión de qué es Estados Unidos como Nación.

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