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Nombramientos ilegales

EL REGIONAL

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   En una decisión divulgada la semana pasada, el Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito, de Boston, determinó que los nombramientos de los miembros de la Junta Fiscal bajo la administración del presidente Barack Obama fueron inconstitucionales porque el proceso se dio a la inversa, el Congreso propuso y el presidente consintió.

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   Se trata del caso de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), el grupo de inversiones Aurelius y la Corporación Assured Guaraty.

   Los abogados de las tres organizaciones argumentaron que el proceso constitucional se alteró con esos nombramientos, y los jueces apelativos, en una decisión redactada por el juez puertorriqueño Juan Torruella, les dio la razón, pero no invalidó las decisiones de la junta ilegal, ya que no declaró inconstitucional la totalidad de la Ley PROMESA, de donde surge la Junta.

   Esa ley fue aprobada en 2016 para reestructurar la deuda multimillonaria de Puerto Rico con cientos de acreedores.

    “Antes de que podamos determinar si los miembros de la Junta son sujeto a la Cláusula de Nombramientos, primero debemos considerar dos preguntas precedentes que necesitan ser contestadas en secuencia, con la responda a cada uno decidiendo si procedemos al siguiente punto de investigación. La primera pregunta es si la Cláusula Territorial desplaza la Cláusula de Nombramientos en un territorio no incorporado como en Puerto Rico. Si la respuesta a esta primera pregunta es “no”, nuestra segunda área de discusión se dirige a determinar si los miembros caen bajo el ámbito de la cláusula de nombramientos”, razonó Torruella.

   El juez prosiguió en su planteamiento. “Si la respuesta a esta segunda pregunta es “sí”, debemos luego determinar si los miembros de la Junta son “principales” o “inferiores” en el ámbito de la cláusula de nombramientos de Estados Unidos”.

   Torruella indicó que la pieza central de la apelación toca dos provisiones de la Constitución de Estados Unidos.

    La primera está relacionada con el artículo !!, sección 3, cláusula 2, de la Constitución de Estados Unidos, que establece que el presidente nominará con el consejo y consentimiento del Senado, todos los oficiales.

   Torruella citó la Constitución. “[El presidente] . . . Nombrará, y por y con el Consejo y Consentimiento del Senado, lo nombrará. . . todos los demás oficiales de los Estados Unidos, cuyos nombramientos no se estipulan aquí de otro modo, y que se establecerán por ley: pero el Congreso puede por ley otorgar el nombramiento de dichos oficiales inferiores, según lo consideren apropiado, solo en el Presidente, Los Tribunales de Justicia, o en los Jefes de Departamentos”.

   El segundo es el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2, o la “Cláusula territorial”, que otorga al Congreso el “poder para disponer y hacer todas las Reglas y Reglamentos necesarios respetando el territorio. . . pertenecientes a los Estados Unidos”. Const. Art º. IV, § 3, cl. 2.

   Luego, Torruella fue analizando la Ley PROMESA, y le pareció importante recapitular el aspecto de los nombramientos. “De particular importancia para nuestra tarea en cuestión es la Sección 101 (e) (2) (A), que describe el procedimiento para la nombramiento de los miembros de la Junta:

(A) El Presidente nombrará a los miembros individuales de la Junta, de una lista de individuos presentada por el Presidente de la Cámara de Representantes.

   El juez subrayó que “en síntesis, conforme a este esquema, seis de los siete los miembros de la Junta serán seleccionados por el Presidente de entre las listas proporcionadas por los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado. Bajo PROMESA el Presidente podrá seleccionar el séptimo miembro en su única discreción.

   Torruella concluyó que la cláusula territorial no triunfa sobre la cláusula de nombramientos. “Sin embargo, mucho del Artículo IV puede ampliar el alcance de los poderes del Congreso sobre un territorio en comparación con su poder dentro de un estado. Este caso no presenta ninguna reclamación de que la sustancia de las numerosas normas y regulaciones de PROMESA superan ese alcance”.

   El juez razonó que “la Cláusula Territorial es de aplicación general, autorizando al Congreso a participar en la reglamentación para la temporal gobernanza de los territorios. Ver Reid v. Covert, 354 U.S. 1, 14 (1957) (opinión de la pluralidad). Pero tal empoderamiento general no se extiende a áreas donde la Constitución contempla explícitamente un tema en particular, como el nombramiento de funcionarios federales”.

   En ninguna parte la Cláusula Territorial hace referencia al tema de los nombramientos federales o del proceso para efectuarlas. Por otro lado, el nombramiento del oficial federal es, es, por supuesto, la razón de ser de la cláusula de nombramientos.

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