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Los contratos y la ley de municipios autónomos

EL REGIONAL

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   El Tribunal Supremo determinó que los contratos otorgados para el manejo de desperdicios, previo a la enmienda que la Ley Núm. 14-2016 hiciera a la Ley de Municipios Autónomos, no requieren la aprobación de la Legislatura Municipal.

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   La opinión concluyó el caso de la empresa Consolidated Waste Services, contra  el Gobierno Municipal de Las Piedras, que validó la decisión que tomó la Región Judicial de Guayama, Fajardo y Humacao del Tribunal de Apelaciones, así como el Tribunal de Primera Instancia.

   De acuerdo con la cronología del caso, el 1 de marzo de 2002, Consolidated Waste Services, Corp. (ConWaste) y el Municipio de Las Piedras suscribieron un contrato para la disposición de desperdicios sólidos.

   Posteriormente, el 1 de octubre de 2007, otorgaron otro contrato para la prestación de los mismos servicios, el cual se enmendó en el 2011 para ajustar el costo de los servicios y para extender su vigencia.

   Consecuentemente, ConWaste presentó una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato en contra del Municipio de Las Piedras para exigir el pago de $6,893,484.58, por los servicios prestados mediante los contratos en controversia.

   Tras varias incidencias procesales, ambas partes presentaron solicitudes de sentencia sumaria. El Municipio de Las Piedras, por primera vez, argumentó en su escrito que los contratos en este caso eran nulos debido a que no fueron aprobados por la Legislatura Municipal. En respuesta, ConWaste alegó que la Ley de Municipios Autónomos no requería expresamente que los contratos de disposición de desperdicios sólidos fueran aprobados por el aludido cuerpo legislativo.

   El Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia sumaria. En síntesis, concluyó que los contratos de manejo de desperdicios sólidos no requerían la autorización previa de la Legislatura Municipal, por lo que declaró con lugar la demanda y ordenó al Municipio de Las Piedras a pagar la suma adeudada más el interés legal.

   En desacuerdo, el Municipio de Las Piedras presentó una reconsideración. Arguyó que este caso no trataba de contratos en sí, sino de “convenios” que, conforme al Art. 5.005(i) de la Ley de Municipios Autónomos, infra, requerían la intervención de la Legislatura Municipal. Esta se declaró sin lugar por el Tribunal de Primera Instancia.

   Inconforme con esa determinación, el Municipio de Las Piedras acudió ante el Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo intermedio dictó una sentencia en la que confirmó al Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que, luego de la aprobación de la Ley Núm. 14, infra, no debía existir duda de que la intención legislativa siempre había sido que los contratos de disposición de desperdicios sólidos, como los de autos, fueran otorgados por el alcalde sin la aprobación de la Legislatura Municipal.

   Por no estar conforme, el Municipio de Las Piedras acudió ante este Tribunal mediante una apelación, mientras que ConWaste presentó su respectivo alegato.

   Lo mismo ocurrió con el municipio de Gurabo en 2003, por lo que ambos municipios acudieron al TSPR a reclamar la nulidad de los contratos.

   Sin embargo, la Legislatura, en sus enmiendas a la ley de municipios autónomos no le otorgó a la legislatura municipal la facultad de contratar, sino que esa acción le corresponde al primer ejecutivo municipal.

   El tribunal aceptó la interpretación de los abogados de ConWaste que subrayaron que en la legislación “no se mencionan facultades adicionales de la [Legislatura Municipal] en estos casos, constituye un fuerte indicio de que la intención legislativa fue no incluir más poderes de los expresados”.

   Así, sostuvo que “no es deber del alcalde con respecto a la Asamblea Municipal el enviarle para su aprobación contratos de establecimiento de los programas de recogido y distribución de desperdicios sólidos”, pues la contratación es una “función indelegable del alcalde”.

Juez Asociado Rafael Martínez Torres,  quien fue el autor de la opinión del PSPR, recalcó que “en la contratación de la disposición de los desperdicios sólidos la Ley de Municipios Autónomos solo ha exigido el aval de la Legislatura Municipal en dos instancias, a saber: (1) para emitir ordenanzas relacionadas a obligaciones que contengan o estén garantizadas por un pacto para imponer contribuciones adicionales especiales y (2) en el arrendamiento de propiedad municipal.

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