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La ley de exgobernadores

EL REGIONAL

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   A raíz de la visita de la esposa del doctor Ricardo Rosselló Nevares a Puerto Rico, muchos han cuestionado el privilegio de otorgarle una escolta de 8 agentes policiales, luego de que el Comisionado de la Policía, Henry Escalera lo justificara al alegar que le correspondía por ley.

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    Algunos de los opositores han alegado que la Constitución establece que no cumple  con los requisitos de exgobernador. En realidad es una ley, la que establece que no cumple con los requisitos.

   Se trata de la ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores, Ley Núm. 2 de 26 de Marzo de 1965, según enmendada. La ley ha sido enmendada por la Ley Núm. 10 de 1 de Mayo de 1973 y la Ley Núm. 2 de 27 de Febrero de 1993.

   El  Artículo 6. — (3 L.P.R.A. § 24), de esa ley establece que el término «ex Gobernador», según se usa en esta ley, significa cualquier persona que haya ocupado el cargo de Gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elección popular, que no haya sido destituido, y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho término.

   Esa ley concede  una anualidad vitalicia, y otras facilidades de personal, oficina y transportación, a toda persona que haya ocupado el cargo de Gobernador de Puerto Rico por elección durante cierto término; y para conceder una anualidad vitalicia a la viuda de todo exgobernador.

   El primer exgobernador bajo la Constitución del Estado Libre Asociado fue Luis Muñoz Marín. Es una ley que se redactó para concederle privilegios a Muñoz Marín. EL segundo exgobernador fue uis A. Ferré y el tercero Rafael Hernández Colón. Los tres han fallecido.

   De acuerdo con la Declaración de Principios, “el 2 de enero de 1965 se efectuó por primera vez, desde la implantación en 1952 de la Constitución del Estado Libre Asociado, el traspaso de las responsabilidades y prerrogativas de la primera magistratura, de un gobernador electo por el pueblo, a otro gobernador, también electo por el pueblo. Resulta por ello, aconsejable que se fijen las normas más adecuadas el establecimiento de una tradición elevada en lo que se refiere a las actividades ulteriores de los gobernadores salientes y has medidas que debe adoptar el Estado con miras a posibilitar el desarrollo de esas actividades, dentro de los exigentes cánones de dignidad y decoro que deben regir la conducta y la posición dentro de la sociedad de los que han logrado tan alta investidura en nuestro país”.

   “En armonía con esos principios, y con un alto sentido de responsabilidad, la Asamblea Legislativa estima un deber el aprobar las medidas contenidas en la presente ley, como las más adecuadas a la finalidad expresada”, agrega la Declaración de Principios.

   El Artículo 1 de esa ley establece que “todo ex Gobernador que fue elegido Primer Ejecutivo antes del 3 de noviembre de 1992 tendrá derecho a una anualidad vitalicia de $25,000.    

    Dicha anualidad se pagará por el Secretario de Hacienda en plazos mensuales, y el pago de cualquier otro emolumento con cargo al Erario por cualquier concepto, y el recibo de cualquier beneficio bajo un sistema de pensiones establecido por autoridad de ley del Estado Libre Asociado, será incompatible con el pago de dicha anualidad”.

   El Artículo 2, precisa que “queda expresamente dispuesto, sin embargo, que todo ex Gobernador que al momento de ser aprobada la presente tenga derecho a percibir la anualidad a que hace referencia el Artículo 1 de Ley podrá continuar disfrutando de dicho beneficio con carácter vitalicio, excepto que renuncie voluntariamente a él.

   El Artículo 3, precisa que “esa Ley no afectará otros derechos adquiridos, beneficios o emolumentos que disfruta todo ex Gobernador en virtud de otras disposiciones de la Ley Núm. 2 de 26 de Marzo de 1965, según enmendada.

   La ley creó la Oficina de Servicios a los ex Gobernadores, adscrita al Negociado del Presupuesto [Oficina de Gerencia y Presupuesto], la cual tendrá la responsabilidad de proveerle a cada exgobernador las una oficina, debidamente equipada, en el sitio dentro de Puerto Rico que el ex Gobernador elija,  personal técnico y de oficina que el ex Gobernador necesite, la compra de equipo y enseres y otros gastos generales de funcionamiento,  facilidades y servicios indicados en las cláusulas (1), (2) y (3) del inciso (a) se proveerán con cargo a una asignación anual autorrenovable que permita proveerle a cada ex Gobernador recursos por cuarenta mil (40,000) dólares, suma que por la presente se asigna al Negociado del Presupuesto [Oficina de Gerencia y Presupuesto].

    Si un ex Gobernador volviere a ocupar el cargo de Gobernador, no podrá recibir la anualidad ni las asignaciones, facilidades y servicios dispuestos en esta ley, mientras dure su incumbencia como Gobernador.

   La ley establece además que la viuda de todo exgobernador tendrá derecho a una anualidad vitalicia de $10,000, pagadera en plazos mensuales, mientras mantenga su estado de viudez.

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