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La Ley de Armas y lo que no se sabe

Cambios durante pasados años hacen importante mayor conocimiento de quienes las portan

  La posesión de un arma es un derecho avalado por la constitución, aunque al mismo tiempo es una costosa y compleja decisión. Para el que tiene una bajo todos los criterios de ley, sin embargo, hay ambigüedades que pueden hacer muy frustrante la experiencia, principalmente por el desconocimiento que pueden tener tanto el portador como algunos oficiales de la ley que pueden crear problemas a ambas partes.

  Para aportar en la solución de numerosos casos que llegan a los tribunales, se creó la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), que en sus tes meses de formación ya ha representado a personas que, pese a estar dentro de la ley en cuanto a la posesión de un arma, se han visto sometidos a bochornosos momentos ante un magistrado y agentes del orden.

  Ariel Torres, Presidente de CODEPOLA indicó que su entidad se formó con vías a atender conflictos que presenta el desconocimiento de algunos aspectos de la Ley 404 de armas de fuego. “Hemos atendido casos en los que la Policía, en sus intervenciones, hacen muy bien su trabajo pero en la intervención cuando hay un arma de fuego, cuando vamos a la ley, son totalmente incorrectas” dijo Torres.

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  Se refirió como ejemplo a casos en los que motociclistas llevan un arma en su cintura que normalmente no sería visible, lo que está dentro de la ley, pero que por el movimiento del viento mientras transitan, quedan al descubierto y entonces han sido detenidos por oficiales de la Uniformada que se las ocupan. En estos casos, no obstante, Torres considera que el error está en no considerar que para que se pueda ocupar el arma -para la que la persona debe tener su licencia de portación al día- se debe cumplir con el requisito de que no solo esté a la vista sino de que sea de forma “ostentosa” y que intimide a otra por lo que no procede dicha ocupación.

  De ahí que en todos los casos que CODEPOLA ha atendido, unos 35, han resultado favorables a la persona detenida. Aclaró de paso, que su entidad defenderá a un poseedor de un arma, siempre que haya pasado por el cedazo del gobierno en cuanto a la legitimidad absoluta de la portación del arma.

  Agregó que para que una persona pueda portar un arma tiene que entre otras cosas, haber llevado declaraciones juradas que prueben la buena reputación de esa persona en la sociedad.

  Pese a ello, recalcó que persiste un alto grado de desconocimiento, incluso a nivel de algunos jueces porque esta ley ha sufrido enmiendas desde el año 2000. “En la Policía, cuando están en la academia, se les dan unos seminarios y clases. Pero terminaron las clases, van a la calle a trabajar. En ese transcurso se hace una enmienda a la ley y no los regresan a explicarles esa enmienda” recalcó Torres quien recordó que la Ley 404 sustituyó la Ley 71 que entonces contenía disposiciones para la licencia de tiro al blanco, licencia de poseer un arma de fuego, licencia de portar arma de fuego y la licencia de cazador.

  También proveía que se pudiera transportar un arma al polígono de tiro en cuanto. La licencia de posesión era para tener un arma en el hogar y portación era para comerciantes para poder transportar dinero.

  “Cuando se cambia al 2000 se eliminaron varias de esas licencias” dijo al recalcar que se cambión de “portación” a considerarse como una licencia de armas que permite hasta dos armas y se divide en categorías de tiro al blanco, caza y portación. “Todavía en la Academia de la Policía estaban diciendo ‘acuérdense que la persona tiene que tener tiro al blanco, posesión, portación y cacería’ cuando desde el 2000 eso no existe” expresó Torres.

Torres, junto a Adán Rosas, Vicepresidente de CODEPOLA celebrarán el sábado 12 de septiembre, un seminario para sus socios y público en general, sobre las nuevas enmiendas hechas a la ley 404 de armas en Puerto Rico, con el propósito de orientar a todos los portadores de armas de fuego en Puerto Rico sobre las nuevas modificaciones establecidas.

  Según Torres, en Puerto Rico existen 100,000 personas que tienen licencia de armas, por lo que este  seminario que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Guayama, será una herramienta valiosa, para que todos los asistentes  puedan orientarse sobre como los protege la ley en cualquier situación legal que con sus armas se expongan.

  La actividad comenzará desde las seis de la mañana  (6:00am) con un desayuno y finalizará a las cinco de la tarde (5:00pm). El orador lo será el Lcdo. Oscar Acarón, co-creador de la Ley de armas. Para más información se puede comunicar al 787-708-8311, o enviar un mensaje al correo electrónico info@molonlabe.guru y acceder al portal www.molonlabe.guru.

Situación Reciente Enmienda a la Ley 404

  El juez del Tribunal de Primera Instancia de Salinas, Aníbal Lugo Irizarry, decidió que algunos artículos de la Ley 404 de Armas en Puerto Rico son inconstitucionales porque violan estatutos del derecho fundamental e individual que confiere la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para poseer y portar armas.

  Tras resolver con un no ha lugar la petición del Gobierno de Puerto Rico para desestimar la demanda presentada por William Bermúdez y otros ciudadanos, Lugo Irizarry indicó que todas aquellas personas que deseen adquirir armas de fuego solo tendrán que completar el proceso del Registro de Transacción de Armas de Fuego formulario 4473 de la Dirección de Alcohol, Tabaco, y Armas de Fuego y Explosivos (FTA, por sus siglas en inglés), “por ser este procedimiento concurrente al proceso estatal, encontrarse activo, disponible en todas las armerías debidamente licenciadas del país, y ser uno válido y constitucional”.

  Según analizó el jurista luego de escuchar a ambas partes en vista argumentativa, los requisitos de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia para obtener una licencia de posesión y portación de armas violan el derecho fundamental e individual de la Segunda Enmienda, no se justifican, y en muchos casos resultan irracionales.

  Entre los requisitos que fueron impugnados se encuentra el de certificación de antecedentes penales ya que el propio estado lo emite, y se puede lograr en cuestión de segundos y sin costo alguno a través del portal del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) “National Crime Investigations Center”. Otros certificados, como el de no deuda con el Departamento de Hacienda o la Adminsitración del Sustento de Menores (ASUME) no tienen razón de ser porque es responsabilidad del Estado encargarse de los evasores, y no deber dinero al fisco o la falta del pago de pensiones no puede ir sobre un derecho fundamental.

  En cuanto a la serie de comprobantes que se requieren para las licencias, el juez recalcó que “ningún derecho fundamental es tributable”.

  Del mismo modo, la solicitud de huellas digitales para obtener la licencia puede representar una violación a la privacidad, “que a nivel federal es tan importante que la registración de armas de fuego se encuentra prohibida”.

Asimismo, Lugo Irizarry determinó que el requisito de declaración de tres personas es inconstitucional porque “un derecho individual no depende del criterio de terceros”.

B7Zwy2w  Esta nota aparece en la edición impresa de El Regional.

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