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La ley 7 de sucesión

EL REGIONAL

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  Debido a la alta importancia del tema en materia constitucional y en especial sobre los reclamos de democracia por parte del pueblo, reproducimos el texto de la Ley 7 de 2005, que establece el orden de sucesión en el Estado Libre Asociado. Esta ley es revisada en estos días por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a raíz de la impugnación que realizó el Senado de Puerto Rico a la juramentación del abogado Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico.

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   El proyecto de la cámara 327 que sometió la presidenta de ese cuerpo en 2005, Jenniffer González, y aprobado por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, fue el siguiente.

   La medida fue sometida el 4 de enero de 2005, y aprobada el 2 de mayo, de ese año. La cámara votó 49 a 0, y el Senado 17 a 9. Esta es la ley 7 de 2005.

      “Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de incluir a los Secretarios de Salud, Desarrollo Económico y Comercio, y Agricultura en  el orden de sucesión en caso de una vacante permanente en el cargo de Gobernador o de una administración interina en caso de su ausencia temporera; establecer que para ocupar el cargo de Gobernador en el caso específico de una vacante permanente sólo serán elegibles, siguiendo el orden de sucesión, aquellos secretarios que cumplan con los requisitos constitucionales de edad y residencia, y que se encuentren ocupando el cargo en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento; y disponer que para el ejercicio interino de las funciones de Gobernador, no será obligatorio cumplir con las disposiciones constitucionales de edad y residencia ni haber sido ratificado y especificar las excepciones y casos especiales”. 

La exposición de motivos estableció que “nuestra Constitución dispone que en caso de una vacante absoluta en el cargo de Gobernador o Gobernadora, le sucederá en el puesto el Secretario de Estado que y si la vacante fuere simultánea, el puesto corresponderá a otros miembros del gabinete según se determine por ley. La Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada, dispone la serie de funcionarios que ocuparán el puesto en caso de vacante, la cual no coincide con el número de los Secretarios de rango constitucional.  Del mismo modo dispone el mismo orden para la ocupación del puesto en su carácter interino”.

    Además establece que “los departamentos dispuestos por la Constitución son los de Estado, Justicia, Hacienda; “Instrucción Pública” ahora Educación; Trabajo, Salud, Obras Públicas, ahora Transportación y Obras Públicas y de “Agricultura y Comercio”, que la misma Constitución dispuso se dividirían eventualmente y el último de los cuáles se denomina en la actualidad de Desarrollo Económico y Comercio.  Dado que estos departamentos de creación constitucional mantienen una continuidad que aplica a administraciones cambiantes, es conveniente tener a todos sus ejecutivos principales en el orden sucesoral, hasta tanto el Pueblo de Puerto Rico disponga un método alterno de sucesión”.

    “En ese sentido, ya que nuestra Constitución mantiene el orden sucesorio entre funcionarios de confianza del Primer Ejecutivo, que todos estos funcionarios sean nombrados con el consejo y consentimiento del Senado, y en el caso del Secretario de Estado que requiere además el de la Cámara de Representantes, mantiene un elemento de participación del pueblo en el proceso.  Es razonable concluir que esta sucesión debe corresponder a funcionarios que ocupen el puesto en propiedad, habiendo sido debidamente ratificados en la legislatura y que cumplan con los requisitos constitucionales de edad y residencia. Sólo en el caso de que ningún Secretario cumpliera con los requisitos anteriormente dispuestos se activará el orden sucesoral obviando los mismos; salvo lo dispuesto en el Artículo IV Sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

      “Del mismo modo, el Artículo IV Sección 3 de la Constitución dicta una serie de requisitos que debe cumplir el Gobernador o la Gobernadora en cuanto a edad, ciudadanía y domicilio. Se decreta categóricamente que el Secretario de Estado, cuya función primaria es ser vice gobernador, debe cumplir los mismos.  Por extensión, es razonable esperar que el funcionario o la funcionaria que vaya a convertirse en Gobernador en propiedad, con carácter permanente, cumpla también los mismos requisitos. Por otro lado, para ocupar las funciones con carácter interino, lo cual significa cuestión de días y por lo general resulta en la posposición de la toma de decisiones de envergadura mayor, no debe ser imperativo.  De hecho la situación ha surgido en más de una ocasión sin que ello haya causado conflicto alguno en el funcionamiento del gobierno”.

    “Aunque las posibilidades de tener que enfrentar todas estas situaciones no es inminente y todos preferimos que nunca tengamos que ponerlas a prueba, es prudente dejar consignado en ley cuál sería la forma correcta de lidiar con ella, además de clarificar y actualizar el lenguaje del estatuto vigente”.

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