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La descolegiación de oficios

EL REGIONAL

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   En el caso de los abogados, el tribunal Supremo de Puerto Rico ya los había descolegiado porque se trata de una profesión supervisada directamente por una de las ramas de gobierno, el mismo Tribunal Supremo.

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    Sin embargo, en el caso de un grupo de técnicos y mecánicos encabezados por Abel Rodríguez Casillas y contra el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, el TSPR resolvió al igual que el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan – Caguas, Panel IV, que la colegiación de esos contratistas es inconstitucional.

    La opinión del Tribunal fue emitida por la Jueza Asociada Mildred G. Pabón Charneco, utilizando como marco de referencia el caso de Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, para establecer que el Estado solamente podía interferir con dicho derecho si demostraba la existencia de un interés apremiante y la inexistencia de medidas menos onerosas para proteger ese interés.

    El caso de los mecánicos se remonta al  27 de febrero de 2015, cuando varios técnicos automotrices presentaron una demanda sobre Sentencia Declaratoria en contra del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico para que se declarara la inconstitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria dispuesto en la Ley Núm. 50.

    Adujeron que obligarlos a pagar una cuota profesional anual y pertenecer a una organización con la que diferían de sus acciones y expresiones institucionales, so pena de ser suspendidos de la práctica de su oficio y sentenciados con el pago de una multa o pena de reclusión, violaba su derecho a la libertad de asociación, según consagrado en la Constitución de Puerto Rico.

    De igual forma, arguyeron que, según lo resuelto en que únicamente se pudiera resguardar con la colegiación compulsoria. Aunque reconocieron que el interés de reglamentar la profesión para la protección del público era de importancia, afirmaron que la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices fue creada precisamente para salvaguardar dicho interés, toda vez que era la facultada, en virtud de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, 20 LPRA sec. 2131 et seq. (Ley Núm. 40), para evaluar y autorizar a los aspirantes a ejercer la profesión mediante la expedición de una licencia, adoptar reglamentos, investigar los incumplimientos con las disposiciones aplicables y suspender la licencia en los casos meritorios. En ese sentido, rechazaron que la colegiación compulsoria fuese necesaria.

     Así las cosas, el Estado presentó una Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria. Allí solicitó que se sostuviera la validez constitucional de la colegiación compulsoria, esencialmente, por cuatro (4) fundamentos. Primero, adujo que Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, fue resuelto al amparo del poder inherente del Tribunal Supremo para reglamentar la profesión legal, por lo que no era de aplicación al caso. Segundo, arguyó que quien tenía el poder inherente para reglamentar todas las otras profesiones era la Asamblea Legislativa. Tercero, alegó que el Estado tenía el interés apremiante de reglamentar la profesión, así como de mejorar los servicios ofrecidos al público, y que la ley habilitadora del Colegio  adelantaba esos intereses. Por último, destacó que fueron los propios miembros del Colegio quienes, mediante un referéndum, expresaron su criterio afirmativo respecto a la colegiación.

    El Tribunal de Primera Instancia notificó una Sentencia que destacó que, aunque el Estado alegó tener un interés apremiante en la seguridad pública, este había quedado atendido con la creación de una Junta Examinadora que no solo reglamentaba y otorgaba licencias a los técnicos y mecánicos, sino que además tenía la obligación de fiscalizarlos y la autoridad para revocar sus licencias.

   Cuando el caso llegó al Tribunal de Apelaciones, el 24 de mayo de 2017,  notificó una Sentencia en la que confirmó el dictamen allí impugnado.

Aunque entendió que lo resuelto en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, aplicaba únicamente a los abogados, coincidió con el foro primario en cuanto a que la colegiación compulsoria establecida en la Ley Núm. 50 solo podía ser constitucionalmente válida si el Estado lograba demostrar un interés apremiante y la inexistencia de medidas menos onerosas para alcanzar el interés, lo cual no logró.

   El Juez Edgardo Rivera García emitió una Opinión de Conformidad, mientras que el Juez Asociado Luis Estrella, expresó que “la regulación de las diversas profesiones es un asunto que no puede tratarse homogéneamente. A modo de ejemplo, en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791 (2014), protegí con firmeza el poder inherente de este Tribunal para regular la profesión de la abogacía”. Señaló que “tampoco puedo avalar pautar mediante una Opinión, que vincule a esas otras profesiones, el que la Asamblea Legislativa solamente pueda crear colegios o asociaciones con matrícula voluntaria. Tampoco puedo estar de acuerdo en limitar tajantemente a la Asamblea Legislativa a utilizar exclusivamente el mecanismo de una Junta Examinadora y restringir innecesariamente el uso de otros modelos regulatorios. En ese sentido y tomando en cuenta la multiplicidad de colegios profesionales establecidos por virtud de ley, a los que se les ha dotado de diversos poderes y facultades, el desenlace en cada caso debió depender de sus propias circunstancias. Es decir, lo hoy resuelto por este Tribunal no debió convertirse en una norma de aplicación general que vete de antemano la facultad del Estado de regular y controlar el ejercicio de algunas profesiones mediante la institución de un esquema de colegiación compulsoria para las mismas, siempre y cuando el interés público, la seguridad y la protección de la ciudadanía así lo requiera y ello cumpla con los parámetros constitucionales aplicables”.

Por su parte, el Juez Edgardo Colón Pérez emitió una Opinión Disidente. La Jueza Asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez disintió por los mismos fundamentos expresados en la Opinión disidente de la Jueza Presidenta Maité Oronoz Rodríguez.

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