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La conducta profesional de los abogados

EL REGIONAL

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   En la década de los 50, una de las series de televisión más famosas fue la de Perry Mason, un abogado defensor representado por el veterano actor Raymond Burr, quien por más de una década recreó múltiples casos, algunos insólitos y otros descabellados, en los que el acusado salía inocente y el testigo era frecuentemente el culpable del crimen bajo estudio. Y se llegó a popular la expresión de “tú te crees Perry Mason”, para todo el que debatía algo que parecía obvio.

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   Recientemente, y a raíz de la transmisión televisiva de las vistas preliminares de casos notorios, en los que se ha presentado la imagen de los abogados, tanto defensores, como fiscales y jueces, algunas personas se han hecho de la idea de que hay abogados que exageran su actuación en el tribunal para convencer al juez, persuadir al jurado televidente o intimidar o confundir a los testigos.

   No hay una profesión más reglamentada que la de abogado, y se trata de la única profesión supervisada directamente por una rama de gobierno, porque los abogados están sometidos a las normas éticas que establecen que la Rama Judicial será su supervisor. Por eso, hay casos que lleva la Oficina del Procurador al Tribunal Supremo para que se discipline a los abogados por violar algún artículo del Código de Ética Profesional.

   Ese código establece que “los miembros de la profesión legal, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de velar por que los distintos procesos legales de la sociedad incorporen y consagren de manera efectiva y adecuada los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano”.

   Además, establece que  “para desempeñar esta responsabilidad la sociedad debe tener a su alcance todos aquellos servicios profesionales adecuados, de naturaleza legal, que sean necesarios. También es menester que todo abogado, como ciudadano y en su capacidad profesional, ya sea como juez, fiscal, abogado postulante, asesor o en cualquier otro carácter, actúe siempre de acuerdo al ideal expresado en el preámbulo de estos cánones”.

   El Código de ética establece que “constituye una obligación fundamental de todo abogado luchar continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal”.

   En la consecución de este objetivo el abogado debe aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable de rendir servicios legales gratuitos a indigentes, especialmente en lo que se refiere a la defensa de acusados y a la representación legal de personas insolventes. La ausencia de compensación económica en tales casos no releva al abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, diligentes y entusiastas, subraya el código.

   También es obligación del abogado ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligación incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos, establece el código.

   Indica ese documento que, “a fin de viabilizar el objetivo de representación legal adecuada para toda persona, el abogado también debe realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional: ayudando a los tribunales, juntas y demás autoridades en la promulgación de normas y requisitos adecuados que orienten los programas educativos de las escuelas de derecho y el proceso de admisión al ejercicio de la profesión; y sirviendo en comités, seminarios y organismos con funciones relacionadas con la divulgación, mejoramiento y aplicación de los cánones de responsabilidad profesional”.

   El Canon tercero, establece que otra tarea que el abogado debe efectuar a fin de asegurar que toda persona tenga representación legal adecuada es la de realizar gestiones dirigidas a educar al público para que éste conozca sus derechos y las maneras de hacerlos valer. Ello incluye participar en programas educativos, organizar y conducir seminarios y conferencias, redactar y publicar artículos legales y otras actividades similares.

   Es deber de todo abogado laborar continuamente por el mejoramiento del ordenamiento jurídico y de los procesos e instituciones legales. Mediante el estudio y la publicación de artículos, participando en vistas públicas, foros, conferencias y debates y por otros medios apropiados, el abogado debe intervenir en la promulgación y discusión de legislación y de programas de mejoramiento del sistema legal, como ll establece el Canon 5.

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