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Juez Estrella lamentó DE no llevara a cabo proceso ordenado

EL REGIONAL

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  El juez asociado del tribunal Supremo, Luis F. Estrella Martínez, lamentó que el proceso de cierre de escuelas no se levara  cabo de manera ordenada para evitar un caos en el inicio del curso escolar.

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  Estrella Martínez, en su opinión de disenso a la mayoría del TS que dio como bueno el plan de cierre de escuelas de la secretaria Julia Keleher, concluyó que “le asiste el derecho a los padres y madres de estudiantes de ser notificados oportunamente de las propuestas de cierres de escuelas, a fin de participar y tener acceso a la información para realizar una toma de decisiones responsable e informada como el derecho de crianza de sus hijos e hijas”.

  “De esta forma, considero que el Departamento está obligado a realizar un procedimiento administrativo ordenado que promueva un adecuado uso de las facilidades públicas para maximizar el uso de recursos. De igual modo, se necesita una adecuada transición en la que la coordinación con los componentes de la comunidad escolar quedó, como cuestión de hechos y de derecho, en el olvido”, argumentó al disentir de la mayoría.

  “Por los fundamentos expuestos, hubiera confirmado al Tribunal de Primera Instancia, sin perjuicio de que el Departamento realice en el futuro el procedimiento de consolidación y cierre de escuela de acuerdo con lo aquí expuesto. Al no ser el curso de acción llevado a cabo, disiento”, afirmó el juez asociado nombrado por el exgobernador Luis Fortuño Burset.

Esa fue la expresión del juez Estrella Martínez, en el caso Xiomara Meléndez de León v. Julia Keleher.

  De hecho, el juez citó una parte de la exposición de motivos de la Ley de reforma Educativa de 2018, que indica que “el derecho fundamental a la educación trasciende los factores de enseñanza y aprendizaje e incide sobre otros derechos de igual naturaleza tales como la vida, libertad y propiedad”.

  “La controversia ante nuestra consideración no se reduce a contestar si el Departamento de Educación (Departamento) tiene el poder de cerrar escuelas. Ciertamente, bajo nuestro ordenamiento jurídico tiene esa facultad. Ahora bien, ¿puede ejercerla en el vacío? A mi juicio no”, afirmó el juez Estrella Martínez.

  En su disenso, el juez cuestionó si están amparados los estudiantes de educación especial de garantías dirigidas a evitar que un proceso de cierre atropellado interfiera con su derecho a la educación. Si le asiste el derecho a los padres y madres de estudiantes de ser notificados oportunamente de las propuestas de cierres de escuelas, a fin de participar y tener acceso a la información para realizar una toma de decisiones responsable e informada en asuntos que el Tribunal Supremo federal ha reconocido como medulares, tales como el derecho de crianza de sus hijos e hijas.

  “¿Existen reclamos exitosos y legítimos de igualdad en la educación basados en cierres discriminatorios por razones vedadas constitucionalmente? ¿Está obligado el Departamento a realizar un procedimiento administrativo ordenado que promueva un adecuado uso de las facilidades públicas, a fin de que las escuelas cerradas no se conviertan en un almacén de equipo y libros abandonados, frustrando así el objetivo de maximizar el uso de recursos?”, cuestionó el juez.

  Del mismo modo, cuestionó si existe un reconocimiento de un derecho constitucional a la educación y normas que procuran observar un debido proceso de ley, a fin de evitar que un cierre abrupto de escuelas públicas interfiera irrazonablemente con los planes educativos individualizados y otras herramientas educativas que van dirigidas a procurar el bienestar y desarrollo de la niñez.

“¿Existe la obligación del Departamento de garantizar una transición adecuada en la prestación de servicios individualizados, realizar evaluaciones previas y custodiar responsablemente los récords de los estudiantes?”, cuestionó.

  “A mi juicio, todas estas interrogantes debieron ser contestadas por este Tribunal en la afirmativa. Esperar a que las escuelas cerradas sean vandalizadas, los récords y el material educativo abandonados y que los estudiantes de educación especial vean frustradas sus garantías federales y estatales, conlleva irremediablemente no sólo al cierre de escuelas, sino también al cierre de la justicia. No se trata de otorgarle a los estudiantes o a los padres y madres, ni mucho menos a la Rama Judicial, un poder de veto contra el cierre de escuelas. De lo que se trata es que el Estado ejerza su facultad dentro de los parámetros constitucionales y legales, y con el sentido común que debe imperar en una sociedad democrática. Al no ser eso lo resuelto por una Mayoría de este Tribunal, respetuosamente me veo obligado a disentir”, expresó el juez Estrella Martínez.

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