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FEI exonera a Rodríguez Mateo

  ”Los investigados no incurrieron en violación de ley…Por consiguiente se recomienda el archivo y cierre de este asunto”, así lee la Resolución aprobada por el Panel del Fiscal Especial Independiente presentada el 22 de febrero, de la investigación que le ordenó realizar el pasado Secretario de Justicia, César Miranda sobre las actuaciones del ahora Senador por el Distrito de Guayama, Carlos J. Rodríguez Mateo, mientras fue alcalde del Municipio de Salinas.

  “Con ese relajito de ordenar investigaciones sin fundamento, le destruyen la reputación a servidores honestos y decentes. Hay que leer el informe completo para darse cuenta de la trivialidad de los hechos que se me imputaron y la mediocridad de los funcionarios que recomendaron investigarme”, criticó Rodríguez Mateo mediante comunicado.

  Añadió, “es increíble que en este país solo por ser candidato, se ponga en entredicho la credibilidad de un servidor público de esta forma. Quedó evidenciado lo que dijimos en aquella ocasión cuando acaparamos los titulares de los medios del País de manera injusta. La única intención de ordenar una investigación de esa naturaleza un 28 de octubre, a pocos días de una elección, era sacarme de la carrera política”.

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   Finalmente el también médico manifestó, “a los que confiaron en mí, les agradezco su apoyo incondicional y les ofrezco con mayor ahínco y voluntad mis capacidades y mi deseo de servir. Nada nos desenfocó y nada me va a hacer retroceder de mi propósito. Existo para servir a Puerto Rico con honestidad y es lo que voy a seguir haciendo”.

  El ex candidato a senador por el distrito de Guayama, Juan Pablo Hernández, junto al ex senador Ángel Rodríguez Otero, habían pedido que Rodríguez Mateo fuera sacado de la papeleta antes de las elecciones cuando afirmaron que según el informe de la Oficina del Contralor sobre sus gestiones como alcalde, se agenció de manera presuntamente ilegal $30,394 por concepto de 90 días de licencia por enfermedad acumulada, incurrió en irregularidades relacionadas con el arrendamiento con opción a compra de una propiedad municipal, nombró personal con clasificación irregular y transitoria durante la veda electoral, y ausencia de un reglamento para la administración del personal irregular, costándole al Municipio $158,193.

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