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En manos del Gobernador la ceniza

Medida para prohibir desechos de la producción de AES fue aprobada en Cámara y Senado

  Solo falta una firma y de seguro no será con lápiz de carbón. El Gobernador Ricardo Rosselló podría convertir en ley la prohibición al depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico en cualquier momento.

  Esto, luego que tanto Cámara como Senado aprobaran el Proyecto 81, originado en el Senado y que fue parte del compromiso gubernamental de impedir que el material excedente de la producción de energía de la empresa Applied Energy Systems (AES) en Guayama vaya a parar a los vertederos y suelos diversos de la isla.

  La rúbrica del Primer Ejecutivo implicaría en concreto, la orden de que el material sea sacado del país pese a que un tribunal federal consideró que el material también llamado por la AES como Agremax puede servir como útil en el relleno en vertederos de Puerto Rico y que tan pronto como el pasado lunes, la empresa sostuvo que intentaría realizar depósitos de miles de toneladas de ceniza del carbón quemado para obtener electricidad, en los vertederos de Peñuelas y Humacao aunque luego se habría indicado que no se llevaría a cabo hasta reunirse con los representantes de los vertederos de Humacao y Peñuelas para revisar primero los contratos con ambos recintos y evaluar las condiciones de los vertederos.

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  La determinación judicial del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, aunque permite la continuación del depósito del excedente y anuló las ordenanzas que se aprobaron en varios municipios contra el depósito de cenizas en sus suelos, no obstruye la facultad del gobierno para establecer medidas restrictivas como la aprobada en la Legislatura.

  Esta medida permitiría a la empresa mantener por un tiempo prolongado el material excendente mientras planifica una forma de exportarlo, lo que tiene pendiente otra situación especial ya que habría que determinar si hay algún destino que esté dispuesto a aceptar ese material. Se ha comentado que varios países rechazan la idea de recibir cargas de ceniza

  Tanto la mayoría legislativa como el Ejecutivo asumieron el mandato de esta administración gubernamental con la premisa de que las cenizas son un material peligroso para la salud y por los daños que sostienen, le causaría a los recursos naturales del país y así lo reafirmó la Cámara de Representantes recientemente al presentar la legislación que también ha recibido el apoyo de los partidos de minoría.

  Una vez convertido en ley, esta medida provee para la imposición de penalidades a quien deposite y almacene residuos de la quema de carbón industrial por lo que la Junta de Calidad Ambiental (JCA), ambigua en cuanto a permitir o prohibir dicho material, deberá elaborar un reglamento que promueva el cumplimiento de la legislación.

AES AMENAZA CON CERRAR

  Por su parte de la empresa AES reaccionó a la medida legislativa advirtiendo que si se convierte en ley, la planta podría verse obligada a cerrar operaciones de forma temporera y que ello conllevaría un aumento en el costo de la energía para Puerto Rico.

  Mediante un comunicado de prensa, la empresa energética indicó que lleva casi 15 años supliendo a la Autoridad de Energía Eléctrica más del 15% de la electricidad que se consume y sostiene que lo ha hecho al costo más bajo del sistema eléctrico “y de una manera segura y confiable; resultando en un ahorro de más de $1,000 millones al pueblo de Puerto Rico”, según su comunicado.

  Pero consideró que entre las ordenanzas municipales en contra de la ceniza, lo que definió como “grupos de presión violentos” y ahora las medidas legislativas se afectaría la capacidad de disposición del material excedente y con ello se podría provocar ceses de operaciones.

  “Pretenden impedir el manejo correcto y legal de los subproductos de la combustión del carbón, tanto cenizas como materiales manufacturados, lo que podría afectar próximamente las operaciones de la planta en Guayama” dijo el Presidente de AES Puerto Rico, Manuel Mata y agregó que “el espacio de almacenamiento del agregado manufacturado es limitado y una prohibición como está propuesta en el P. del S. 81 podría obligarnos a detener las operaciones temporeramente”.

  Según sostuvo, la propia Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha advertido que esto causaría también que haya una caída en la confiabilidad del sistema eléctrico y obligaría a la agencia a generar más energía a un costo más alto para el consumidor así como causaría, a su entender, que se mine la confianza de inversionistas para invertir en fuentes de energía y otras industrias en Puerto Rico.

  “En todo este tiempo AES Puerto Rico ha tenido que asumir varias subidas del IVU, del CRIM, impuestos a corporaciones, costos de dragado del puerto aledaño a la planta y, a pesar de que las tarifas eléctricas han sido afectadas por la situación del país, AES Puerto Rico ha mantenido sus tarifas en un promedio de 8.5 cts/kwh: la más económica de todo el sistema”, expresó Mata.

  Se sostuvo que la ceniza no es dañina. “Todas las pruebas y datos científicos han confirmado la no toxicidad y detallado los usos beneficiosos de los subproductos de la combustión (pero) AES Puerto Rico ha estado sufriendo ataques injustificados y viciosos de grupos políticos y sociales que han puesto serias trabas a la operación de la planta al no permitir físicamente el uso de las cenizas y sus productos manufacturados para solidificar desperdicios líquidos de la manufactura, para base de carreteras o en cubierta diaria de vertederos como la misma EPA recomienda”,  mencionó el Presidente de AES.

  Mata tildó de discriminatoria la medida aprobada al afirmar que permite que se importe la ceniza que producen plantas de otras partes del mundo. Confió que se encuentren proyectos en conjunto con el gobierno para que se continúen creando productos y acuerdos beneficiosos o se afectará la operación de la planta en Guayama.

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