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El despido injustificado y los contratistas

EL REGIONAL

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  En una decisión redactada por el juez asociado Rafael  Martínez Torres, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó  un dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones, para reinstalar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el caso de seis contratistas que sostuvieron la finalización de sus acuerdos constituyó un despido injustificado.

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   La opinión de Martínez Torres fue secundada por los jueces Erick Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti Cintrón. El Juez Asociado Luis Estrella Martínez emitió una Opinión disiente. La Jueza Presidenta Maite Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Anebelle Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Ángel Colón Pérez disintieron.

   Los contratistas José Méndez Jiménez, David Matos Vélez, Joshua Matos Méndez; Wigbaldo Echevarría Rivera; Luis A. Torres Ramírez de Ayreflor; y Alexander Arce Nieves, recurrieron al Tribunal de Primera Instancia contra las empresas  Carso Construcción de Puerto Rico, al ser cancelados sus contratos luego de pactar una cláusula de arbitraje con la parte querellada.

   El Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen. Determinó que el tribunal inferior debió determinar si los contratistas advinieron empleados. Indicó que las controversias al amparo de la Ley Núm. 80, infra, no pueden estar sujetas a un convenio de arbitraje.

   “Estoy conforme con que se revoque la determinación del Tribunal de Apelaciones. La Ley Núm. 80, infra, no provee para que se reconozca una excepción a la obligación de arbitrar cuando se pacta una cláusula de arbitraje. Por lo tanto, aun si se determinara que los recurridos en este caso tienen una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 80, infra, las partes estarían obligadas a agotar el remedio contractual de arbitraje”, expresó el juez Martínez Torres.

   En caso data de los años 2014 y 2015, cuando Carso Construcción de Puerto Rico, contrató a los recurridos para prestar servicios a cambio de compensaciones fijas por hora.

   Los recurridos firmaron contratos de servicio con Carso que disponían que la relación entre las partes sería de contratistas independientes, por lo que no tendrían acceso a los beneficios que Carso otorgaba a sus empleados. Esos contratos tenían vigencia de treinta días y serían renovados mes a mes a discreción de Carso. En cada contrato se incluyó una cláusula de arbitraje que dispone que cualquier disputa sobre la interpretación, validez, cumplimiento o terminación de ese Contrato que no haya sido resuelta por las partes, deba ser sometida a arbitraje compulsorio en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, de conformidad con las reglas de la American Arbitration Association.

Los costos de arbitraje, incluyendo los honorarios del árbitro, serán pagados por partes iguales, por el contratista y Carso. Cada parte pagará los honorarios de su propio abogado y los gastos de preparación y presentación de evidencia.

   Sin hacer caso a la cláusula de arbitraje, el 1 de noviembre de 2015 los recurridos presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una querella sobre Despido Injustificado en contra de Carso y su cliente, la Puerto Rico Telephone (Claro). Ese caso fue tramitado bajo el procedimiento sumario de reclamaciones laborales.

   Oportunamente, Carso solicitó la desestimación de la querella. Arguyó que los recurridos no fueron despedidos, pues fueron contratados como contratistas independientes.

   Además, alegó que los contratos tenían vigencia de 30 días y Carso podía renovarlos mensualmente, lo cual hizo hasta las fechas en que decidió no renovarlos. Asimismo, adujo que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para atender la controversia, ya que los contratos que suscribieron los recurridos con Carso contenían una cláusula de arbitraje.

Los recurridos se opusieron. Alegaron que la cláusula de arbitraje perdió su efectividad cuando se renovaron los contratos. Por otro lado, expresaron que no contaban con fondos para sufragar el proceso de arbitraje, ni tenían pleno conocimiento de lo que ello involucraba.

   El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella presentada por los recurridos. Resolvió que la cláusula de arbitraje en los contratos de servicio privaba de jurisdicción al tribunal.

El Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido. Resolvió que el foro primario debía examinar si los contratos realmente establecían a los recurridos como contratistas independientes o si, por el contrario, creaban una relación de patrono y empleado. Expresó que la cláusula de arbitraje sería inaplicable si se resuelve que los recurridos están cobijados por la Ley de Despido Injustificado.

   “En Puerto Rico rige el principio de la libertad de contratación y, como parte de este principio, las partes contratantes “pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”, explicó el juez Martínez Torres.

   Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde ese momento cada una de las partes viene obligada no solo a cumplir con lo expresamente pactado, sino también con las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, de acuerdo con el Código Civil.

   El Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia porque entendió que el foro inferior erró al no dirimir la controversia sobre el alcance y la naturaleza de los contratos otorgados entre los recurridos y Carso. Razonó que era necesario que el foro primario llevara a cabo ese ejercicio, ya que de su resultado depende si aplica o no la cláusula de arbitraje.

   “Cónsono con ello, cuando se pacta un proceso de arbitraje en un contrato, los tribunales carecen de discreción para determinar su eficacia y tienen que dar cumplimiento al arbitraje según lo acordado”, explicó el juez Martínez Torres.

    Toda duda que pueda existir sobre si procede o no el arbitraje debe resolverse a favor de este. Esto se debe a que existe una presunción de arbitrabilidad cuando el contrato contiene una cláusula de arbitraje.

“Esa presunción de arbitrabilidad es aplicable a las controversias al amparo de la Ley Núm. 80, supra. Entiendo que el Tribunal de Apelaciones debió confirmar el dictamen mediante el cual el foro primario desestimó la querella de los recurridos”, sostuvo el juez Martínez Torres.

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