Foro Legal

El Derecho y los cambios de apellido

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

   El Tribunal de Puerto Rico determinó que el Estado no tiene por qué evitar el cambio de apellidos para incluir un guión que contecte al materno con el paterno.

Publicidad

   Los jueces revocaronuna Resolución del Tribunal de Apelaciones emitida el 13 de junio de 2018,

notificada el 14 de junio de 2018.

    “En consecuencia, autorizamos la solicitud de modificación de apellidos presentada por el Sr. Rafael Luis Roig Pou y la Sra. Ana Servanda Moyka Fleytas. Ordenamos al Registro Demográfico de Puerto Rico a interponer un guion entre los apellidos paterno y materno de los menores Carlos Daniel Roig Moyka y Rafael Andrés Roig Moyka, de modo que lean “Carlos Daniel Roig-Moyka” y “Rafael Andrés Roig-Moyka”, respectivamente”, dictó el TSPR.

   “Además, autorizamos a que se expidan sus certificados de nacimiento conforme a la modificación anterior”, agregó el TSPR.

     En el caso, la Jueza Presidenta Maite Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado Rafael Martínez Torres emitió una Opinión de Conformidad a la cual se unieron la Jueza Asociada , Mildred Pabón Charneco y el Juez Asociado Feliberti Cintrón. El Juez Asociado Luis Estrella Martínez emitió una Opinión de Conformidad a la cual se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada señora Anabelle Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez.

    La  jueza Oronoz Rodríguez, razon’p que la falta de disponibilidad de encasillados en cierto formulario, la opinión sobre el buen o mal gusto de cierta combinación de apellidos, o asuntos vinculados a la conveniencia administrativa o modus operandi de los funcionarios del Registro son argumentos que jamás constituyen intereses apremiantes capaces de derrotar el ejercicio de derechos fundamentales y las prerrogativas que se derivan de ellos, como lo es la facultad de los padres a escoger los nombres de sus hijos.

    Incluso, no debe descartarse que otros derechos constitucionales fundamentales también estén implicados en la decisión de escoger el nombre y apellidos de los hijos.

     “Este Tribunal, como cuestión de hecho, eximió al Estado (Registro) de su obligación de demostrar que su intromisión en el derecho fundamental de los padres promovía un interés gubernamental apremiante. Ello preocupa, pues la Mayoría sugiere que la procedencia de un cambio de nombre o apellido descansa enteramente en la discreción del Juez que viene llamado a sopesar los méritos de la solicitud. Tal interpretación se aparta de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Constitución federal, las cuales limitan significativamente el poder del Estado para regular la facultad de los padres de escoger los nombres de sus hijos”, opinó.

    “En fin, sostengo que la deferencia que exige la regla de autolimitación judicial “termina cuando se evidencia que el Estado quebrantó la Constitución”., sostuvo.

     Para la jueza, lo contrario supondría una abdicación de nuestro deber elemental de salvaguardar los derechos civiles de los ciudadanos frente al Estado”, explicó

    Hemos tomado otro camino, pero al hacerlo, permitimos que el Estado vulnere un derecho fundamental en nuestro ordenamiento: el derecho a la intimidad. Este Tribunal debió inclinar la balanza hacia un curso de acción que protegiera de frente, y sin ambages, este derecho. Perdimos una gran oportunidad”, argumentó.

    Por su parte, el  Juez Asociado Luis F. Estrella Martínez, sostuvo que “en este caso, la razón de los peticionarios en querer consolidar los apellidos paterno y materno de sus hijos obedece a su decisión de preservar el uso del apellido materno. Lo anterior, como parte de sus prerrogativas constitucionalmente protegidas de tomar decisiones íntimas y personales en el seno familiar respecto a sus hijos. Esas justificaciones pesan. Y como ninguna de las objeciones formuladas por el Estado logró mover la balanza en favor de su postura, estoy conforme con lo resuelto por este Tribunal”.

     En otra argumentación, el juez Rafael Martínez Torres, señaló que “como último señalamiento, vale mencionar que la parte peticionaria identificó incorrectamente su petición como una ad perpetuam rei memoriam. La información ad perpetuam cabe

para perpetuar cualquier hecho, con tal de que no resulte en perjuicio a una persona cierta y determinada. Dentro de los estrechos límites de la información ad perpetuam no cabe una orden disponiendo el cambio de un nombre o apellido. Todo lo que cabe es una providencia que disponga se perpetúe el testimonio. Lo correcto, según el marco legal vigente, es solicitar un cambio de nombre al amparo del Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico, Sin embargo, el nombre no hace la cosa’.

    “Cualquier defecto en la denominación del pleito o en la súplica del remedio, no será óbice para que el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba”. Regla 71 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. La parte peticionaria hizo una petición válida al amparo del Art. 31 y así debió considerarse. Procede declararla con lugar y ordenar el cambio de apellido en el Registro Demográfico”, expuso.

Comments

comments

Share:
Loading...