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El Derecho y el hogar seguro

EL REGIONAL

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   El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que no aplica a unos demandantes la cláusula de vigencia de la Ley 195 de 2011, a los propietarios que formalizaron la compra de viviendas antes de esa fecha.

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   El caso Money´s People Inc. v. Pedro López Julia, el TSPR resolvió que como la ejecución de la sentencia es la continuación del proceso judicial que comenzó antes de promulgarse el estatuto, en este caso no aplica la Ley Núm.

195-2011.

   “Por lo tanto, revocamos el dictamen recurrido, emitido por el Tribunal de Apelaciones”, sentenció el TSPR.

   El caso se originó el 11 octubre de 1996, cuando la empresa Money’s People, Inc. entabló una demanda en cobro de dinero contra Pedro López Llanos, su esposa y la empresa FOMAR.

   La reclamación surgió luego de que en una auditora realizada en 1994, Money’s descubrió que fue víctima de las acciones fraudulentas de un exempleado, que había desembolsado $102,162.09 sin su autorización, entregándolo a López Llanos, quien utilizó el dinero para financiar la compañía FOMAR.

En ese mismo año, López Juliá, presidente de FOMAR, y López Llanos suscribieron un contrato de prenda para garantizar el préstamo a FOMAR. Para ello, se entregó un pagaré en prenda por $120,000.00 más intereses al ocho por ciento anual. El pagaré fue garantizado, a su vez, con una hipoteca sobre un inmueble de López Llanos y su esposa.

   Para mayo de 1996, López Llanos garantizó personalmente la obligación de FOMAR.

   El 2 de mayo de 2007, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia mediante la cual condenó a los demandados a pagar $121,249.74, más los intereses del tipo pactado. Luego, el Tribunal de Apelaciones, confirmó la determinaicón del foro primario en el 2008.

   Seis años más tarde, en febrero de 2014, el recurrido presentó una petición de quiebra.

   Sin embargo, la peticionaria no fue incluida como acreedora en este proceso. Así las cosas, el 5 de mayo de 2014 Money’s pidió la ejecución de la sentencia dictada a su favor. El 16 de mayo de ese año el Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden de Ejecución. Varios días después se emitió un mandamiento mediante el cual se ordenó al Alguacil a vender en subasta pública el inmueble descrito por la peticionaria en su solicitud de ejecución de sentencia.

   Ante este escenario, el recurrido acudió al proceso de quiebra y enmendó su petición a los efectos de incluir a Money’s como acreedora. Una vez enterada, la peticionaria notificó de ello al Tribunal de Primera Instancia. En

consecuencia, el foro primario paralizó el caso.

   Luego de otros pormenores procesales en la esfera federal, las partes llegaron a un acuerdo en la Corte de Quiebras. Ahora bien, ante el incumplimiento del recurrido con lo pactado, Money’s solicitó a la Corte Federal que levantara la paralización; petición que fue concedida.

   El Tribunal de Quiebras concluyó que, efectivamente, el recurrido había incumplido el acuerdo. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia continuó con los procedimientos.

   Inconforme con la orden de ejecución de sentencia de mayo de 2014, López Llanos recurrió al tribunal intermedio apelativo, para alegar que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para ordenar la ejecución de una sentencia que se encontraba paralizada en virtud del proceso de quiebra. Al mismo tiempo, el 23 de noviembre de 2015 López Llanos presentó en el foro de instancia una Moción solicitando beneficio de hogar

seguro. En la Moción sostuvo que el 19 de marzo de 2013 otorgó una Escritura de    Hogar Seguro sobre la propiedad que Money’s se proponía subastar y la presentó en el Registro de la Propiedad.

   Por su parte Money’s se opuso al petitorio de hogar seguro que hizo

el recurrido, alegando que la Ley Núm. 195-2011 no aplicaba en el caso porque el estatuto era de aplicación prospectiva.

En el caso de autos la demanda se presentó en 1996 y la reclamación fue adjudicada mediante sentencia en el año 2007. Entiéndase que se trata de un caso que no solo fue presentado, CC-2017-0259 24 sino que fue resuelto a favor de la peticionaria antes de la promulgación de la Ley Núm. 195-2011. A pesar de que la peticionaria solicitó la ejecución de la sentencia luego del 2011, no podemos aplicar la Ley Núm. 195-2011 cuando no hay duda de que este es un caso que se incoó antes de que esta rigiera. Money’s tenía facultad para ejecutar la sentencia y embargar el inmueble, conforme con las disposiciones de la Ley Núm. 87-1936. La reclamación del señor López Llanos, luego de subastada la propiedad, debía limitarse a que le garantizaran los $15,000 que protegía esta legislación.

   Como bien señala la peticionaria, no hacía falta ordenar que se celebrarae una vista para dilucidar si procedía consignar $15,000 a favor del recurrido y su esposa cuando esto no se había negado y, en efecto, se aceptó por Money’s. Asimismo, debemos notar que la acción ejercida por la peticionaria fue en cobro de dinero, no una ejecución de la hipoteca. Ello hacía impertinente si la cancelación de la hipoteca procedía o no. De hecho, esperar la calificación de un Registrador de la Propiedad, evidentemente no promueve la solución justa, rápida y económica que exigen nuestras reglas.

   Por otro lado, cabe notar que, ante el incumplimiento del recurrido con lo pactado en la Corte de Quiebras, esta última levantó la paralización para permitir que se ejecutara la sentencia, y así se subastara el inmueble del señor López Llanos para satisfacer la deuda que persistía. De hecho, sobre este particular, la Corte Federal denegó el petitorio CC-2017-0259 25 posterior del recurrido para que se paralizara nuevamente la ejecución de la sentencia. Ante estas circunstancias, es forzoso concluir que los primeros dos errores señalados fueron cometidos. En cuanto al tercer error que imputó Money’s, el caso no amerita que nos expresemos sobre el mismo.

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