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   El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó al panel de Caguas, de Tribunal de Circuito de Apelaciones en el caso del Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc, al determinar que existen excepciones a la norma de revisión de órdenes o resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.

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   La opinión del tribunal en este caso fue redactada por el Juez Asociado, Ángel Colón Pérez, quien determinó que el Tribunal de Apelaciones erró al negarse a revisar una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia en la que el foro primario permitió cierta sustitución de partes en un pleito donde el Municipio de Caguas se oponía a dicho proceder por considerar que esa nueva parte se traía al pleito con el propósito de burlar las disposiciones de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 66-2014, tras el foro apelativo intermedio  razonar que se trataba aquí de un trámite rutinario relacionado con el manejo del caso, no revisable de conformidad con lo dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

   Colón Pérez, expresó que “tras un examen minucioso de los hechos y las disposiciones legales aplicables, adelantamos que el Tribunal de Apelaciones erró en su apreciación, pues estamos ante un asunto revestido del más alto interés público, y en el cual la negativa del foro apelativo intermedio a intervenir podría resultar en un fracaso irremediable de la justicia; ambos escenarios contemplados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, infra, como instancias donde se le permite a dicho foro ejercer su facultad revisora”.

En la relación cronológica del caso, el tribunal hace constar que  “en el mes de noviembre de 2010, el Municipio Autónomo de Caguas suscribió un contrato con la compañía JRO Construction, Inc. para el diseño y construcción de tres viviendas con aplicaciones de energía renovable, por la suma de $198,500”.

   El caso establece que  al año siguiente, el 2 de noviembre de 2011 para ser específicos, el Municipio presentó una demanda sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios en contra de JRO y su fiadora Newport Bonding & Surety Co. En la misma, el Municipio alegó que en el mes de noviembre de 2010 suscribió un contrato para el diseño y construcción de un proyecto de viviendas de interés social con JRO y que esta compañía, luego de la firma del contrato, mantuvo paralizada la obra hasta que en abril del 2011 decidió unilateralmente dar por terminado el proyecto, ocasionando así que los futuros residentes de las viviendas quedaran desprovistos de un lugar adecuado donde vivir.

   Colón Pérez, opinó que a luz de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2014, se estableció como política pública evitar el pago de sumas globales que puedan impactar negativamente la estabilidad fiscal y operacional del Estado, incluyendo los gobiernos municipales.

    La ley fue aprobada en 2014, con el propósito de permitirle al Estado Libre Asociado de Puerto  Rico contar con liquidez suficiente para pagar su nómina y sufragar servicios esenciales, mediante la implementación de medidas de reducción de gastos y estabilización fiscal.

   “En dicha ley, se declaró un estado de emergencia y se adoptó un plan para manejar la amortización de la deuda y el cumplimiento con los compromisos económicos del País que, a su vez, garantizara la continuidad de la gestión pública en la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía”, subrayó el juez Colón Pérez.

   Precisó que como parte de sus medidas de estabilización fiscal, la Ley Núm. 66-2014, supra, estableció como política pública evitar el pago de sumas globales que puedan impactar negativamente la estabilidad fiscal y operacional del Estado, incluyendo los gobiernos municipales.

   El municipio había acordado ante la decisión del Apelativo, pagar a JRO la cantidad de $46,635.04 más $9,646.96 en concepto de ganancias dejadas de percibir, lo que sumaba una cantidad total de $56,282.00.

   Sin embargo, para proceder con el pago  JRO debía producir las certificaciones negativas de deudas contributivas, según lo exige el Art. 28 de la Ley 6 de 2014. Luego, JRO cedió a Enhancers, es decir a otra empresa los créditos correspondientes al contrato, pero el municipio entendió que se trataba de una burla y un acto de mala fe. No obstante, el Apelativo dio visto bueno a la decisión del TPI para que se validara el acuerdo entre JRO y Enhancers. Ante esta situación fue que el municipio de Caguas acudió al TS con un recurso de Certiorari.

   Al analizar el caso en su conjunto y escuchar a las partes, el TS, opinó que “en vista de que existe una alegación sobre la posibilidad de que el mecanismo procesal de sustitución de partes se esté utilizando para burlar obligaciones establecidas por ley — lo que traería consigo un uso incorrecto de fondos públicos — se hace necesaria la intervención del foro apelativo intermedio de forma inmediata, pues lo contrario podría resultar en un fracaso irremediable de la justicia. Erró el Tribunal de Apelaciones al así no hacerlo”.

   El juez asociado Colón Pérez, entiende que procedía, pues, la expedición del auto de certiorari solicitado por el Municipio al foro apelativo intermedio. “Se cometió, por tanto, el error señalado”, recalcó el juez.

   Así la cosas, Colón Pérez, determinó que “por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a dicho foro para que proceda de conformidad con lo aquí dispuesto. Se instruye al foro apelativo intermedio a que, para la correcta disposición del presente caso, solicite a la brevedad posible al Tribunal de Primera Instancia los autos originales del mismo”.

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