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El Derecho Procesal Civil y la ley Promesa

EL REGIONAL
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que en el caso de archivo administrativo por la paralización automática bajo la Ley Promesa, no es el dictamen que pone fin al litigio.
La opinión emitida por el juez asociado Edgardo Rivera García, se aclaró que el recurso de certiorari es el mecanismo procesal para revisar el archivo administrativo de un caso como consecuencia de la paralización automática bajo la Ley Promesa.
Esa opinión decidió el caso de JMG Investment, Inc.v.Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y el Departamento de la Vivienda, fue que cuando el recurso que se presentó en el Tribunal de Apelaciones es un certiorari, el término disponible para recurrir ante nos es de treinta días.
De ese modo explicó por qué el TSPR no revisó la decisión del Panel Especial de la Región Judicial de San Juan y Caguas, del Tribunal de Apelaciones.
Rivera resolvió que “esa es la norma que aplica en este caso, por lo que estamos impedidos de revisar el error que señaló JMG”.
JMG Investment, Inc. (JMG o peticionario) solicitó que el TSPR revisara la determinación del Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia de paralizar la totalidad del proceso judicial de autos, en virtud del procedimiento de quiebra del Gobierno de Puerto Rico al amparo del Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA).
“Ahora bien, dado el momento en que se presentó el recurso ante este Tribunal, nos vemos precisados a auscultar cuál es el término disponible para recurrir ante nosotros cuando el Gobierno de Puerto Rico, los municipios, sus funcionarios o una de sus instrumentalidades excluyendo las corporaciones públicas son parte del proceso judicial. En específico, debemos aclarar si el plazo es de treinta o sesenta días”, explicó el juez Rivera García.
De acuerdo con la cronología del caso, el 11 de octubre de 2007 el peticionario presentó una demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra el Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda y la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas.
Además, incluyó una alegación contra MD Engineering Group, CSP, Inc. y el Ing. José Díaz Solivan por presunta interferencia torticera con las obligaciones contractuales.
Luego de varios incidentes procesales no necesarios pormenorizar, el 2 de agosto de 2017, JMG presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción Informativa sobre paralización parcial a favor del ELA y para continuar procedimientos con codemandados no quebrados. Sostuvo que la suspensión automática que autoriza PROMESA no impedía que el caso continuara contra los demás codemandados que no forman parte del Gobierno de Puerto Rico.
Por lo tanto, solicitó que se paralizara el caso solo en cuanto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y prosiguiera el proceso contra los demandados MD Engineering Group, CSP, Inc., y el ingeniero Díaz Solivan.
MD Engineering Group, CSP, Inc., se opuso a esta petición y planteó que el caso debía ser paralizado en su totalidad. Por su parte, el 31 de agosto de 2017 el Gobierno de Puerto Rico presentó un aviso de paralización automática de los procedimientos. En este solicitó la suspensión del pleito judicial en virtud del proceso de quiebra en el tribunal federal.
Evaluados los planteamientos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia declaró paralizada la totalidad del caso. Es decir, denegó la petición de JMG de no suspender la acción instada contra aquellos que no forman parte del proceso de quiebra.
Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso que tituló Apelación en el cual cuestionó la determinación del foro primario de suspender el caso en cuanto a todas las partes.
El 26 de junio de 2018 el tribunal apelativo intermedio confirmó el dictamen del foro primario. Evaluados los planteamientos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia declaró paralizada la totalidad del caso. Es decir, denegó la petición de JMG de no suspender la acción instada contra aquellos que no forman parte del proceso de quiebra.
Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso que tituló Apelación en el cual cuestionó la determinación del foro primario de suspender el caso en cuanto a todas las partes. El 26 de junio de 2018 el tribunal apelativo intermedio confirmó el dictamen del foro primario. Concluyó que procedía extender la paralización a los codemandados que no forman parte del Estado. Coligió que no sería posible continuar el proceso judicial sin afectar los derechos y los intereses del Gobierno de Puerto Rico, especialmente cuando JMG imputó responsabilidad solidaria entre todos los codemandados, lo cual colocaría al Estado en un estado de indefensión.
El 24 de agosto de 2018 cincuenta y ocho días después el peticionario acudió al TSPR, para alegar que “erró el honorable TPI al paralizar la totalidad del caso y no permitir que se continúen los procedimientos contra los codemandados no quebrados que no son deudores bajo la quiebra del ELA, extendiéndole a estos alegados deudores solidarios que no están en quiebra las protecciones personales del ELA.
El 25 de enero de 2019 expedimos el recurso, y el 10 de abril JMG presentó su alegato. Ahora bien, el 2 de mayo de 2019 compareció la Oficina del Procurador General, en representación del Gobierno de Puerto Rico. Entre otras cosas, esbozó que la petición de certiorari ante el Tribunal se presentó fuera del término de treinta días dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil. Arguyó que el recurso ante el foro apelativo era, en efecto, un certiorari que no activa el plazo de sesenta días que dispone la Regla 52.2 de Procedimiento Civil. Peticionó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción.
Examinada la solicitud del Gobierno de Puerto Rico, estando presto este Tribunal a conceder al peticionario un término para expresarse sobre la moción de desestimación el 10 de mayo de 2019 el peticionario compareció mediante una Moción en oposición a solicitud de desestimación. Luego de recibir y evaluar los argumentos esbozados por el peticionario, así como una réplica del Estado, desestimamos el recurso de autos.
“Por lo fundamentos expuestos en la opinión que antecede, los cuales se hacen formar parte de esta sentencia, desestimamos el recurso de certiorari presentado por el peticionario y se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para que proceda con el archivo administrativo del caso hasta tanto haya culminado el procedimiento de quiebra en In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as representative of the Commonwealth of Puerto Rico, No. 17−BK−3283 (LTS), o que la paralización automática haya sido levantada.

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