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El Derecho de Familia

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   El haber omitido en el epígrafe el nombre del menor, no priva de jurisdicción al tribunal, si de las alegaciones de la demanda se desprende que el menor es parte en el pleito y este fue emplazado correctamente, fue la opinión del juez ponente Edgardo Rivera García, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Derecho de Familia, relacionado con la Impugnación de paternidad  de Geraldo Rivera Marrero Peticionario v. Sandra E. Santiago Martínez.

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   La Opinión del TSPR tuvo a bien revocar la decisión que había tomado el Panel IX, del Tribunal de Apelaciones, de la Región Judicial de Ponce y Aibonito.

    En la relación de eventos se establece en la Sentencia que “la controversia planteada en este caso gira en torno a una impugnación de paternidad. Específicamente, nos corresponde resolver si el hecho de que el nombre de un menor no consta en el epígrafe de la demanda, como parte nominal, es suficiente en derecho para desestimar una causa de acción ante una alegación de ausencia de parte indispensable. Ello, a pesar de que se incluyó en las alegaciones como demandado y se emplazó conforme a derecho. En otros términos, si en una acción de impugnación de paternidad el tribunal tiene jurisdicción sobre un menor que fue emplazado, pero en el epígrafe de la demanda no constaba su nombre”.

   Se establece que el caso, a su vez, “nos lleva a examinar la figura del defensor judicial y a determinar si es una obligación exclusiva de quien impugna el solicitar que se nombre a un defensor judicial para que los intereses del menor queden debidamente protegidos. En ese contexto, aprovechamos para reiterar nuestros pronunciamientos en Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667 (2012) y Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015). Veamos el trasfondo fáctico y procesal que dio génesis al asunto que nos ocupa”.

    La cronología del caso inicia el 21 de noviembre de 2014, cuando Rivera Marrero presentó por derecho propio una demanda de impugnación de paternidad contra Santiago Martínez.

   El demandante alegó que por ciertas manifestaciones que la recurrida realizó a terceros tuvo base razonable para creer que no era el progenitor de JGRS. Adujo que, durante el mes de junio de 2013, mientras el menor se encontraba visitándolo en Texas, se realizaron una prueba de ADN. Sostuvo que la prueba arrojó un resultado negativo que lo excluyó como padre biológico de JGRS. Ante esta nueva realidad, acudió al tribunal y solicitó que se finiquitara su obligación de proveer pensión alimenticia. Además, expresó que “[d]ado a que se trata de un menor de edad, entendemos prudente el que se designe un defensor judicial para que los derechos del menor sean protegidos”.

   Ese mismo día la Secretaría del tribunal expidió dos emplazamientos; uno a nombre de la recurrida y el otro a nombre de JGRS, por conducto de Sandra Enid Santiago Martínez.  Ambos emplazamientos se diligenciaron al día siguiente mediante entrega personal. Interpuesta la demanda, la señora Santiago Martínez presentó una Moción de desestimación. Alegó que procedía desestimar la acción de impugnación de paternidad ya que se presentó fuera del término de caducidad de seis meses dispuesto en la Ley Núm. 215-2009. Arguyó que ese término no puede ser interrumpido o suspendido, por lo que el derecho se extingue con el mero transcurso del tiempo. Por su parte, el peticionario presentó su oposición mediante Réplica [a] moción [de] desestimación. En lo pertinente, alegó que no pudo incoar su causa de acción dentro del referido término ya que se encontraba sirviendo en el Ejército de Estados Unidos. Sostuvo que como miembro de las Fuerzas Armadas está cobijado por la Servicemembers Civil Relief Act (SCRA), 50 USCA sec. 501, et seq. Así, puntualizó que el estatuto federal extiende el periodo que tiene una persona para ejercer una acción o procedimiento legal mientras esté activo en el ejército. En consecuencia, afirmó que su demanda no había caducado.

    El 20 de febrero de 2015 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la que determinó que al peticionario lo cobijaba la ley federal. En consecuencia, resolvió que la demanda de impugnación de paternidad se presentó oportunamente. En su dictamen concedió al peticionario un término de treinta días, para presentar prueba oficial que acreditara y certificara que durante el periodo que comprende de junio de 2013 a noviembre de 2014 estuvo sirviendo como miembro activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Posteriormente, ese foro notificó una Resolución mediante la cual certificó que el señor Rivera Marrero presentó la prueba requerida y decretó la continuación de los procedimientos.  A tales efectos, ordenó a las partes a realizarse la pruebas inmunohematológicas y de histocompatibilidad. Inconforme con este proceder, la señora Santiago Martínez presentó una Moción en solicitud de reconsideración. En esencia, refutó que el peticionario estuviera cobijado por las regulaciones o leyes federales invocadas. El foro primario proveyó no ha lugar a su solicitud. Aún en desacuerdo, la recurrida acudió al Tribunal de Apelaciones y reprodujo el mismo planteamiento.

    El foro apelativo intermedio dictó una Resolución en la que confirmó el dictamen del foro primario. Concluyó que no hubo abuso de discreción del Tribunal de Primera Instancia al determinar que la demanda se interpuso a tiempo. En consecuencia, denegó el recurso de certiorari que presentó la señora Santiago Martínez. Esta no solicitó revisión del dictamen.

   “Resolvemos que en un caso de impugnación de paternidad el hecho de haber omitido en el epígrafe de la demanda el nombre de un menor no priva de jurisdicción al tribunal si de las alegaciones de la demanda original, interpretadas de forma liberal a favor de la parte demandante, se desprende que el menor es parte en el pleito y este se emplazó correctamente, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil. Aunque la mejor práctica es que se incluya, la omisión del nombre en el epígrafe de la demanda es un error de forma subsanable mediante enmienda. Como corolario, erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar al foro primario al desestimar la demanda de impugnación que presentó el señor Rivera Marrero correcta y oportunamente”, expresó el TSPR

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