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El Derecho de Familia y la pensión de veteranos

EL REGIONAL;

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  El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró que una pensión por incapacidad que recibe un veterano debe considerarse como ingreso al momento de computar y fijar una pensión alimentaria.

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   La opinión redactada por la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez, en el caso de Nadia Liz Serrano Maldonado v. Emanuel Molina Figueroa, resolvió la controversia sobre si una pensión por incapacidad que recibe un veterano de las fuerzas armadas de Estados Unidos debe ser considerada como ingreso al momento de calcular y fijar una pensión alimentaria.

   Específicamente, se evaluó si los foros inferiores erraron al incluir dicha pensión por incapacidad en el cómputo para establecer la obligación del alimentante hacia su hija menor de edad.

   La cronología del caso establece que  Molina Figueroa, contrajo matrimonio con Serrano Maldonado en el 2011 y procreó con ésta una hija. El 25 de agosto de 2014, Serrano Maldonado presentó una  demanda de divorcio y solicitud de pensión alimentaria para la menor ante el Tribunal de Primera Instancia. Mediante sentencia dictada el 16 de octubre de 2016, el foro primario decretó el divorcio y otorgó la custodia de la menor a la señora Serrano Maldonado. Además, determinó que la patria  potestad sería compartida, fijó las relaciones paterno-filiales y estableció una pensión alimentaria provisional de $220.00 mensuales, retroactiva a la fecha de la presentación de la demanda.

   Luego de varios incidentes procesales, el 1 de junio de 2015, se celebró la vista de fijación de pensión ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). Luego de evaluar la prueba presentada, el 11 de mayo de 2016, la EPA rindió un informe en el cual consignó que en cuanto al padre no custodio, el ingreso como Investigador de Querellas de Accidente en DACO, así como las deducciones mandatorias y permitidas según reflejadas en los talonarios de pago provistos. Se consideró además como ingreso mensual, la cantidad de $1,002.65 por concepto de compensación del Departamento de Asuntos de Veteranos.

   La EPA recomendó una pensión ascendente a $409.00 mensuales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta el 30 de noviembre de 2014 y de $434.00 a partir del 2 de diciembre de 2014. Al hacer esta recomendación, la EPA concluyó que la pensión recibida por el peticionario por parte del Departamento de Asuntos del Veterano de Estados Unidos en concepto de beneficios por incapacidad no estaba exenta del cálculo de los ingresos para fijar una pensión alimentaria. Estableció que la ley federal conoc Child Support Enforcement Act no contenía una prohibición en torno a utilizar la pensión por incapacidad que recibe un veterano como ingreso para el cálculo de la pensión alimentaria. Por ello, consideró dicha cuantía en conjunto con el salario que el peticionario recibe como Investigador del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

    Sin embargo, el hombre alegó que las guías contenían una limitación respecto a ingresos recibidos en la jurisdicción federal. Según indicó, la CSEA claramente establece que, para considerar una compensación por incapacidad como ingreso, es necesario que su recipiente hubiese renunciado a la pensión por retiro o a una porción de ésta. Así, el peticionario sostuvo que, dado que él no había renunciado a dicha pensión en concepto de retiro, su pensión por incapacidad no debía ser considerada ingreso.

    Por tanto, reiteró que la cuantía de la pensión alimentaria era incorrecta y que no procedía el pago de la deuda retroactiva, puesto que la misma derivaba del nuevo cómputo que incluyó la pensión por incapacidad.

   “Mediante resolución emitida el 24 de febrero de 2017, expedimos el auto solicitado. Posteriormente, el 9 de marzo de 2017, la parte recurrida presentó su Alegato en oposición a certiorari. En éste, argumentó que la ley federal CSEA no prohibía que la pensión recibida por un veterano fuese incluida en el cómputo para determinar una pensión alimentaria. Aludió, además, al principio federal de la inmunidad soberana que inspiró esa legislación y el poder de los estados de reglamentar todo lo relativo a reclamos de alimentos para menores”, relató la jueza Rodríguez Rodríguez.

   “Por tanto, sostuvo que los foros recurridos actuaron correctamente al considerar como ingreso la pensión por incapacidad al momento de realizar el cómputo para determinar la pensión alimentaria correspondiente”, agregó la jueza.

   Rodríguez Rodríguez confirmó el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se ordena al peticionario el pago de la pensión alimentaria asignada, incluyendo las partidas en concepto de deuda retroactiva.

   “Resulta forzoso concluir que la cuantía de dinero que recibe un veterano en concepto de pensión por incapacidad debe considerarse como ingreso al momento de fijar y computar una pensión alimentaria. Por tal razón, actuaron correctamente los foros recurridos al incluir la pensión por incapacidad que recibe el señor Molina Figueroa en el cálculo y fijar la pensión correspondiente. Consiguientemente, se confirma el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se ordena al peticionario el pago de la pensión alimentaria asignada, incluyendo las partidas en concepto de deuda retroactiva”, sentenció la jueza.

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