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Contralora revela resultado de auditoría a municipio de Cayey

EL REGIONAL

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  La Contraloría de Puerto Rico reportó que el municipio de Cayey no celebró subasta pública para llevar a cabo trabajos adicionales por $3.6 millones para la ampliación y mejoras del Hospital de Área del 2013 al 2015.

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   El informe que cubre el periodo del 1 de julio de 2012 al 28 de febrero de 2017, precisó que los trabajos se realizaron mediante 24 órdenes de cambio y un contrato supletorio. Además, la cuantía del contrato supletorio excedió el límite del 15 por ciento establecido por Ley para las alteraciones en las obras de construcción, y las obras relacionadas al contrato supletorio comenzaron dos años antes de obtener el permiso de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos.

   La auditoría de seis hallazgos señala que la adjudicación de la subasta para la construcción del Hospital y la formalización del contrato de construcción por $6 millones, se realizaron sin contar con los fondos necesarios para pagar los trabajos. El municipio tampoco registró la obligación de fondos previo a la otorgación de varios contratos y en cinco órdenes de cambio, hasta 411 días luego de terminada la obra.

   Por su parte, el alcalde Rolando Ortiz Velázquez, reaccionó que “este hallazgo debe ser eliminado, la subasta para esta obra si se celebró. Para realizar la obra se realizó un contrato supletorio  que cumplió con todas las disposiciones de ley y no hubo malversación de fondos. Se emitieron correctamente los desembolsos para el nuevo proyecto del Centro de Radioterapia y se protegieron los intereses del municipio para completar una obra de gran importancia y trascendencia para el beneficio de los ciudadanos de Cayey y pueblos limítrofes”.

   Por otro lado, los auditores establecieron que, contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, el municipio gastó más de $100 mil en la participación de 135 personas en la Fiesta Boricua de Bandera a Bandera de 2015 en Chicago.    

   “Este gasto no era indispensable ni necesario para el desempeño de las funciones que por ley se le ha encomendado al Municipio ni se ajusta a las normas de austeridad que debe imperar en el uso eficiente y efectivo de los fondos públicos en tiempos de crisis económica”, comentó la contralora Yesmín Valdivieso.

    El alcalde Ortiz Velázquez, sostuvo que “los gastos incurridos fueron para la banda municipal y estudiantes de la escuela de bellas artes para su participación en la actividad y no se violó ninguna disposición de ley. Solicitamos que este hallazgo sea eliminado, con esta actividad se les dio la oportunidad a niños de escasos recursos para que representaran a su pueblo y tuviesen su primera experiencia fuera del país. Por lo que consideramos que no se hizo un gasto, si no que se realizó una inversión en nuestra juventud, además, que se veló por los mejores intereses del municipio”.

   Además, el municipio pagó $22,498 en multas, intereses y penalidades, por deficiencias en las remesas del seguro social federal al Servicio de Rentas Internas Federal, por remesar tarde el IVU al Departamento de Hacienda y por tardanzas en el rembolso de renta pagada en exceso a la Administración Federal de Servicios Generales.

    “Nuestros auditores identificaron 193 empleados clasificados como transitorios hasta por 22 años. Por ley y reglamento los nombramientos transitorios no deben exceder el año para que no se desvirtúe el principio de mérito en el servicio público, entre otras razones. Además, del 2012 al 2017, el Municipio registró contratos y enmiendas en la Oficina del Contralor, hasta dos años más tarde de lo dispuesto por el Reglamento 33 sobre Registro de Contratos”, indica el informe.

   A esto el alcalde contestó que “ninguno de los empleados transitorios ha querido aceptar un puesto permanente de carrera, por lo que solicitamos que este hallazgo sea eliminado”.

   El Informe comenta que al 28 de febrero de 2017, el Municipio tenía 19 demandas civiles por $11.9 millones pendientes de resolución por los tribunales, una querella de una exempleada en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y  un caso en la Comisión Apelativa del Servicio Público.

   “Al 28 de febrero de 2017, estaban pendientes de resolución por los tribunales 19 demandas civiles presentadas contra el Municipio  por $11,916,679. De este importe, $11,399,696 eran por daños y perjuicios; $500,000 por incumplimiento de contrato; y $16,983 por cobro de dinero.      

     Además, estaba pendiente de resolverse una querella por  una exempleada ante la Oficina de la Procuradora de las Mujeres  por $10,000 relacionada con la Ley 427-2000, Ley para Reglamentar el  Período de Lactancia o de Extracción de Leche Materna; y un caso presentado por un empleado ante la Comisión Apelativa del  Servicio Público (CASP) por no haber sido incluido en un registro de elegibles para un puesto. En este último no se reclamó cuantía”, indica el informe.

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