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Contralora emitió informe contra municipio de Salinas

EL REGIONAL

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   Debido a las controversias que giran alrededor de los pleitos por la divulgación de información sobre la presunta investigación relacionada con los suministros escondidos durante la emergencia surgida tras los terremotos del sur, pasó bajo el radar el informe de la Oficina de la Contralora, sobre el municipio de Salinas.

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    El informe detalla hechos relacionados con el tiempo libre concedido sin cargo a licencias y sin la aprobación de la Legislatura Municipal, puestos ocupados por funcionarios que no cumplían con los requisitos mínimos de ley ni con los planes de clasificación de puestos y de retribución del Municipio, incumplimiento de la Ley 103-2006, pago de demandas en contra del Municipio, medidas impuestas para atender la crisis fiscal del Municipio y recomendaciones de recobro no atendidas de informes de auditoría anteriores.

    La alcaldesa Karilyn Bonilla Colón aseguró que el informe de auditoría correspondiente al 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2018, no contiene señalamientos de ilegalidad o casos de corrupción.

“En efecto, los tres señalamientos menores en dicho informe publicado ayer, luego de trabajar cada detalle con los auditores, se tomaron todas las medidas correctivas. Eso debe quedar absolutamente claro”, manifestó Bonilla Colón.

   La alcaldesa subrayó el señalamiento contenido en la página siete del informe,el cual determina que “las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones fiscales del Municipio objeto de este Informe se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”.

Por su parte, la candidata a la alcaldía de Salinas por el Partido Independentista Puertorriqueño, Litzy Alvarado Antonetty, hay un asunto en el informe que debe llamar la atención: el costo que tiene para el pueblo la discriminación por ideología política.

   El Informe de Auditoría señala que 31 empleados municipales, despedidos injustificadamente por razones políticas por el ex alcalde Carlos Rodríguez Mateo, llevaron sus casos a los tribunales, y finalmente llegaron a un acuerdo con la actual administración en el cual el Municipio desembolsó $169,000.00.

   Es una triste realidad la práctica de las administraciones municipales en Salinas de despedir o remover de sus puestos a empleados y empleadas, y colocarlos en posiciones con menos responsabilidades, simplemente porque no pertenecen al partido del alcalde o alcaldesa entrante.

   Por ejemplo, tiempo después de las elecciones del 2000, el entrante alcalde Abraham López Martínez fue acusado de persecución política en una demanda que sometieron 34 ex empleados del Municipio, según reseñara el periódico El Regional.

   El 10 de septiembre de 2010, el Nuevo Día publicó la noticia de que un juez determinó que hubo discrimen político contra tres ex empleados populares, los cuales fueron dejados sin trabajo, tan pronto llegó a la administración municipal de Salinas el ex alcalde Carlos Rodríguez Mateo.

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