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Caso Iglesia Católica: Opinión disidente de jueza asociada Rodríguez

EL REGIONAL

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  La jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Anabelle Rodríguez Rodríguez, en su opinión disidente en el caso de Acevedo contra la Iglesia Católica, consideró como intelectualmente insostenible la opinión mayoritaria redactada por el juez Luis estrella Martínez.

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    “En primer lugar, conviene llamar la atención al hecho de que la Opinión mayoritaria revoca de manera tácita años de jurisprudencia establecida por este Tribunal, mediante la cual la Arquidiócesis de San Juan y demás cinco (5) diócesis han figurado como partes en distintos litigios”, expresó la jueza asociada.

    “Si consideramos una de las primeras decisiones de este Foro en la cual la Diócesis de Puerto Rico formó parte, se desprende que, hasta hoy, la personalidad y el estatus jurídico de esa institución había sido reconocido por este Foro”, argumentó.

    Rodríguez Rodríguez explicó que en el caso Iglesia Católica Apostólica Romana v. El Pueblo, 11 D.P.R. 485 (1906), este Tribunal atendió una demanda en la cual la Iglesia Católica solicitaba que el Gobierno de la Isla le devolviese unos bienes de las Comunidades Religiosas de Frailes Dominicos y Franciscanos que habían sido suprimidos e incautados en 1838. En el pleito, el Gobierno de Puerto Rico cuestionó la potestad de la Iglesia Católica para adquirir propiedad. En este contexto, este Tribunal atendió

el asunto de la capacidad legal del Obispo para instar la demanda en cuestión y, en lo pertinente, expuso que: Otro tanto es de decirse respecto la personalidad del Obispo Católico de Puerto Rico para llevar la representación de la Iglesia

Católica en el presente litigio. Los obispos llevan la representación de la iglesia en sus respectivas Diócesis con arreglo [a] los cánones de la Iglesia Católica y esta representación les [fue] especialmente reconocida por los concordatos en todo cuanto se refería [a] la entrega de los bienes [a] los Obispos y [a] su permutación en la forma acordada entre ambas potestades. I

    “La Opinión de la mayoría no atiende este asunto, al limitarse a indicar que el certificado de incorporación de esa institución había sido revocado en el 2014”, explicó la jueza.

     Rodríguez Rodríguez, manifestó que  “confusamente, posteriormente en la Opinión se contempla, haciendo referencia específica a la Academia del Perpetuo Socorro- la posibilidad de que algunas entidades se sometan a un proceso ordinario de incorporación”.

     Agregó que en cuanto a esto, resulta importante señalar que el Departamento de Estado restableció la incorporación de la Academia del Perpetuo Socorro y, en consecuencia, su personalidad jurídica se retrotrajo a la fecha de su incorporación original.       

      Además de esta inadvertencia por parte de la mayoría, algunas de las instituciones educativas que se mencionan en la Opinión ni siquiera figuran como parte en este pleito. Específicamente, a lo largo de la Opinión se alude al “Colegio San Ignacio”, cuando la parte demandada es la “Academia San Ignacio”, una institución educativa completamente distinta, explicó la jueza.

   Además, los efectos prácticos de la decisión que emite una mayoría ponen en manifiesto la liviandad y simpleza del análisis empleado y se perfilan como un obstáculo adicional en la resolución final del presente pleito y, consiguientemente, el cobro por parte de los demandantes de las cuantías que reclama, argumentó la jueza.

    En esencia, el dictamen suscrito, al atribuirle improcedentemente personalidad jurídica a la Iglesia Católica, despoja de personalidad jurídica independiente a las otras entidades demandadas y, consecuentemente, releva a éstas del cumplimiento con las obligaciones que asumieron en torno a los demandantes y que son el objeto de este pleito, indicó Rodríguez Rodríguez.

     “Resulta insostenible concebir que dicha orden sea, en efecto, ejecutable. ¿Cómo han de identificarse los bienes a ser embargados? ¿Importa su titularidad? ¿Hay algún orden de prelación entre tanta generalidad? ¿Qué ocurre con las otras entidades demandadas? ¿Carecen de personalidad jurídica a pesar de estar incorporadas? ¿Procede la desestimación de las causas de acción incoadas en su contra? ¿Qué ocurrirá con los bienes de las diócesis que han solicitado intervención en este pleito y al día de hoy no son parte? ¿Serán despojadas de éstos sin un debido proceso de ley? ¿Son embargables todos los bienes de otras entidades religiosas, tal y como égidas, centros de cuido y otras instituciones educativas?

    Las interrogantes son muchas y la falta de respuestas evidencia que el dictamen suscrito por una mayoría de los integrantes de este Foro carece de profundidad, seriedad y

el rigor intelectual que una controversia de tan alto interés público amerita”, indicó en su opinión disidente.

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