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Alcaldes truenan contra Vivienda Pública

Tenaz oposición a cancelación de contratos para que residenciales públicos los administre la empresa privada

  Como un nuevo atentado contra la estabilidad fiscal y operacional de los municipios, pero esta vez en menoscabo de los servicios y la calidad de vida de comunidades vulnerables catalogó el presidente y portavoz de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), licenciado Rolando Ortiz Velázquez, el anuncio hecho por la Administración de Vivienda Pública, para cancelar los contratos que mantiene esa agencia con varios municipios en la isla, para la administración de los residenciales públicos.

  Ortiz Velázquez, señaló que los contratos que mantenían municipios como Carolina, Coamo, Comerío, Villalba, Hormigueros, San Germán, Sabana Grande, Guaynabo y el propio municipio de Cayey suscritos con la Administración de Vivienda Pública, que vencen, el próximo 30 de junio, no serán renovados.

  “Los alcaldes asociados perjudicados con esta decisión, adjudicada de forma unilateral, le solicitamos una reunión con carácter de urgencia al Secretario de la Vivienda para que aclarara su intención de dejarnos fuera de la administración de estos residenciales, a los que, en la mayoría de los casos, le hemos triplicado en servicios e iniciativas municipales lo que se nos paga por administrarlos. Si la intención es pasarlos a manos privadas, todas las acciones de bienestar social, de educación, recreación y cultura que los municipios han desarrollado con el aval de las Juntas de Residentes, se vendrán abajo, y el deterioro social de estas comunidades, se agravará en cuestión de meses.

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  En el caso del municipio de Cayey, los niños y jóvenes de los residenciales que administramos han sido impactados con programas en las artes y los deportes, que les han permitido aumentar sus habilidades y destrezas en ambas disciplinas. ¿Cómo vamos a permitir que todo ese esfuerzo en tiempo y dinero que les ha ampliado las oportunidades de crecimiento a ese sector de nuestra población se termine, porque somos municipios en minoría?” destacó el presidente y líder de los alcaldes asociados.

  Por su parte Juan Carlos García Padilla, alcalde de Coamo sostuvo que cada caso se tiene que evaluar por separado. “Botarlos a la calle es un mamey, solo es ir al tribunal y pedir que sean sacados pero eso es inhumano” expresó el alcalde coameño. Vivienda Pública anunció que no se renovarían a los municipios los contratos porque hay hasta un 90 por ciento de morosidad de parte de los residentes en pagar sus mensualidades. Pero García Padilla recalcó que cada situación es individual y que las situaciones particulares de cada residente se tienen que atender de forma cuidadosa porque dejar sin un lugar donde vivir a quienes deben sería peor para el país.

  Para Merliza Berrios Berrios, actual presidenta de la Junta de Residentes  del Residencial Manuel Martorell en Comerío, esta decisión es “un absurdo, que detiene todos los avances que han ocurrido en esta comunidad por más de una década, siendo el municipio el administrador”.

  Berrios, formó parte de una decena de líderes comunitarios de los municipios afectados, que participaron de la conferencia de prensa “para exigirle al gobernador que analice este movimiento. No podemos permitir que todos los programas y ayudas que recibimos de los Municipios, como administradores se pierdan. Sabemos que con la privatización, lo que hemos logrado, en oportunidades de crecimiento para nuestras familias, se pierde”.

  Los alcaldes presentes argumentaron que “esto no es un esfuerzo que nos deje ganancias, pero si muchas satisfacciones. Cada centavo que se nos paga por administrar un residencial se convierte en una iniciativa de bienestar social al servicio de las familias vulnerables que allí residen”.

  Para muchos de los ejecutivos municipales, administrar estos complejos de vivienda pública, les permitió extender programas educativos con bibliotecas cibernéticas, talleres de tutorías, campamentos de verano, retretas culturales, técnicos en recreación y deportes y amas de llaves, entre muchos otros.

  “Esa línea directa con el gobierno local, nos permitió allegar servicios a esta población donde la necesidad es real de una manera ágil y efectiva. Una compañía privatizadora, no puede dar estos servicios, porque están para generar ganancias y pagar nóminas altísimas.  A quien  se pretende beneficiar ahora con estos contratos…no lo sabemos, pero haremos un frente común con los ciudadanos de estos sectores para detener esta injusticia, Si es verdad, que a este gobierno le interesa proteger  a los ciudadanos en comunidades vulnerables que lo demuestre ahora, con este asunto, que afecta a más miles de residentes en proyectos de vivienda pública” destacó Ortiz Velázquez quien no descartó acudir al Administrador de Vivienda en la región de Atlanta, Cristopher D. Taylor, para denunciar la acción del gobierno central en contra de los municipios.

                                               

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